Atención a suscriptores
Su contrato de suscripción digital está por vencer. Para renovar por un año adicional presione aquí.
RenovarCartas
Miércoles 14 de junio de 2023
Riesgos de politizar el Poder Judicial
Señor Director:
En pleno proceso de elaboración de una nueva Constitución, cabe reflexionar acerca de las instituciones que conforman el Estado, en el sentido de preservar aquellas que han permitido el desarrollo del país.
El 10 de marzo de 1990 se creó la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), persona jurídica de derecho público, que depende de la Corte Suprema y cuyo objeto principal consiste en administrar los recursos destinados al funcionamiento del Poder Judicial.
En estos 33 años, la CAPJ ha debido enfrentar numerosos desafíos, que han permitido contribuir a que la justicia sea más accesible para las personas, sorteando con éxito numerosas reformas (penal, familia, laboral, tramitación electrónica), manteniendo en operación a los tribunales, incluso en períodos complejos como la pandemia.
Esta labor técnica y especializada responde al trabajo mancomunado de más de 1.200 funcionarios, distribuidos en todo el país, quienes diariamente contribuyen al funcionamiento de este poder del Estado.
Por ello, recibimos con confianza la distinción que la Comisión Experta realizó respecto de nuestra institución, confiriéndole en una primera instancia reconocimiento constitucional.
Con todo, por una cuestión técnica legislativa, la subcomisión respectiva propuso que el órgano autónomo encargado de la administración antes mencionada recayera en un sujeto indeterminado, entregando, en definitiva, al legislador la tarea de precisar quién cumplirá esa función.
Como asociación de funcionarios tenemos la plena convicción de que ese órgano debe ser la CAPJ, la cual debe ser protegida de cualquier amenaza de politización.
La CAPJ responde a una lógica de trabajo profesional y técnico, donde no hay espacio al cuoteo político partidista.
Por tanto, urge requerir que el debate constitucional y legislativo garantice la debida autonomía interna y externa del órgano que tendrá la importante labor de administrar los recursos del Poder Judicial.
Rodrigo Escudero
Presidente Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial
En pleno proceso de elaboración de una nueva Constitución, cabe reflexionar acerca de las instituciones que conforman el Estado, en el sentido de preservar aquellas que han permitido el desarrollo del país.
El 10 de marzo de 1990 se creó la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), persona jurídica de derecho público, que depende de la Corte Suprema y cuyo objeto principal consiste en administrar los recursos destinados al funcionamiento del Poder Judicial.
En estos 33 años, la CAPJ ha debido enfrentar numerosos desafíos, que han permitido contribuir a que la justicia sea más accesible para las personas, sorteando con éxito numerosas reformas (penal, familia, laboral, tramitación electrónica), manteniendo en operación a los tribunales, incluso en períodos complejos como la pandemia.
Esta labor técnica y especializada responde al trabajo mancomunado de más de 1.200 funcionarios, distribuidos en todo el país, quienes diariamente contribuyen al funcionamiento de este poder del Estado.
Por ello, recibimos con confianza la distinción que la Comisión Experta realizó respecto de nuestra institución, confiriéndole en una primera instancia reconocimiento constitucional.
Con todo, por una cuestión técnica legislativa, la subcomisión respectiva propuso que el órgano autónomo encargado de la administración antes mencionada recayera en un sujeto indeterminado, entregando, en definitiva, al legislador la tarea de precisar quién cumplirá esa función.
Como asociación de funcionarios tenemos la plena convicción de que ese órgano debe ser la CAPJ, la cual debe ser protegida de cualquier amenaza de politización.
La CAPJ responde a una lógica de trabajo profesional y técnico, donde no hay espacio al cuoteo político partidista.
Por tanto, urge requerir que el debate constitucional y legislativo garantice la debida autonomía interna y externa del órgano que tendrá la importante labor de administrar los recursos del Poder Judicial.
Rodrigo Escudero
Presidente Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial
