A la espera de una aclaración del significado de las sentencias de la Tercera Sala de la Corte Suprema, las isapres atraviesan un período de grandes incertidumbres, acompañadas por clínicas, médicos, laboratorios y, muy especialmente, por miles de enfermos. Entre estos, las vacilaciones e imprecisiones causan un efecto peligroso, pues si llegan a fallar algunas de sus aseguradoras, ellos serán las principales víctimas. Como lo han asegurado desde el Ministerio de Salud, las isapres seguirán existiendo y se crearán nuevas entidades que cubrirán las mismas vicisitudes que hoy son atendidas por las actuales compañías, si estas llegaran a fallar. Pero los enfermos no podrán moverse con igual facilidad que las personas jóvenes y sanas, y la única opción que ven en estos momentos es ir a engrosar las largas filas de espera del Fonasa.

Si las interpretaciones que ha esbozado el superintendente de Salud son correctas y la reducción de tarifas a las que se obligaría a las isapres a continuar con su giro se mantiene, será imposible que el sector privado de salud siga adelante con las mismas instalaciones de que dispone hoy. Habrá una larga y confusa etapa de transición en la que deberán saldarse muchas deudas de firmas que desaparecerían y, como se ha afirmado por muchos expertos, resultará imposible que las puedan cubrir todas, pues su patrimonio es mucho menor que la deuda que se les ha cargado. Por cierto, se podrán crear nuevas entidades que no estarán sujetas a los precios base que hoy mantienen amarradas a las entidades ya existentes. Diseñar un sistema que opere con la tabla de factores que dispuso la Superintendencia el 2019 no encierra mayores dificultades, si se permite ofrecer los planes a precios que hagan posible cubrir el riesgo recalculado de cada grupo familiar. Pero eso no se les permite a las actuales aseguradoras, pues deben respetar los precios que sirven de base en cada contrato.

De modo que el futuro de cada uno de los componentes del sector salud se verá afectado. Las isapres, por sus eventuales quiebras; las clínicas y médicos del grupo prestador de atenciones, porque no podrán recuperar todas sus acreencias, e incluso los políticos y jueces, protagonistas de estos últimos desencuentros, sufrirán un daño reputacional, pues los decepcionados beneficiarios sin duda les achacarán una parte de la responsabilidad. Asimismo, quienes están hoy en el Fonasa, que no son por regla general personas poderosas, tendrán que rivalizar con quienes abandonen el sistema privado, lo que no contribuirá a facilitar sus atenciones ni acortar los tiempos de espera. Curiosamente, los accionistas de las isapres, si bien sufrirán la pérdida de los patrimonios que tienen invertidos en Chile, quizá puedan recuperarse si reinician actividades en el mundo de los seguros de salud, pues son ellos quienes cuentan con la experticia de un sector particularmente difícil de evaluar y quedarán liberados de sus obligaciones con los enfermos actuales.

Los más perjudicados, sin duda, serán quienes sufren de males crónicos, de difíciles y complejos tratamientos. Muchas de estas personas ya no están ni en edad ni en condiciones de enfrentar tanta confusión y tanto riesgo como los que han estado sobrellevando. Quienes tienen la responsabilidad de resolver este dilema harían bien en considerar que los enfermos no tienen tiempo para ser postergados en forma indefinida. Más bien, el agravamiento de sus enfermedades, de producirse, podría ser una tarea que llame a la medicina de urgencia, que es más cara que la atención rutinaria y en la que en cada minuto se juega la vida de los pacientes.