Señor Director:

Actualizar nuestra legislación en materia de usurpaciones de terreno es urgente, ya que el fenómeno se ha vuelto más complejo: hay traficantes de terreno, que lotean y estafan a otros; existen loteos brujos sobre humedales y otros que son refugio de narcotráfico y crimen organizado. Sumado a lo anterior, están los campamentos históricos y los más nuevos, familias a las que por una necesidad imperiosa no les queda otra opción que llegar a una toma.

El Congreso está llamado a resguardar la seguridad de todas las personas que viven en el país, el derecho a propiedad, respetar el desarrollo de las ciudades y, por cierto, promover el acceso a la vivienda. Esto último con un énfasis particular, mirando a las familias que hoy viven en condiciones de hacinamiento o en situaciones muy precarias, ahorrando mes a mes para su vivienda y, al mismo tiempo, viendo cómo otros se saltan la fila.

Las personas que vivimos en Chile no queremos el far west ni criminalizar la pobreza, lo que esperamos es que el Congreso sea capaz de legislar fenómenos complejos resguardando todo lo mencionado en esta carta.

Cuando hablamos de usurpaciones de terreno, hablamos de injusticia social; por las familias que viven en campamentos, por las que son estafadas, por los propietarios asaltados e incluso, como en el caso de mi familia, con un homicidio que esconde narcotráfico, es decir, también es un tema de seguridad.

Concuerdo con que las usurpaciones de terrenos son un fenómeno complejo y que compete a varias reparticiones del Estado, pero eso no puede ser una excusa para que el Congreso no haga su parte: es su deber moral detener un posible far west y el actual laissez faire.

Valentina Correa U.