La deuda del Estado en La Araucanía, cuyo origen es la Comisión Radicadora de Tierras vinculada a los Títulos de Merced otorgados entre 1884 y 1929 y reconocida por la actual Ley Indígena, debe ser satisfecha, no hay duda. La mora parcialmente existente es utilizada por las orgánicas radicalizadas y terroristas para encontrar una justificación en su actuar violento, buscando una legitimación en sus actos delictuales. Cada día que el Estado se retrasa, no cumple o satisface de manera inadecuada lo que debe a determinadas comunidades mapuches, alimenta a los grupos violentistas que instrumentalizan la legítima demanda. El terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado en la macrozona sur no es un problema de tierras, pero se nutre de ello para tensionar, escenario propicio para su control territorial. De ahí que sea urgente “saldar” esa deuda en el contexto de la crisis de seguridad que vive la macrozona sur.

El mecanismo actual contemplado en el artículo 20 b) de la Ley Indígena no ha permitido cumplir ese objetivo adecuadamente. Solo entre 1994 y marzo de 2023, según información de la Conadi, se habían comprado y transferido por el referido artículo 218.900 hectáreas, con una inversión de $ 530.032.315.161. La completa incertidumbre acerca de cuánto se debe y a quién se le debe —elementos esenciales de cualquier deuda—, sumado a la falta de transparencia, ineficiencia y distorsión del sistema, hacen tremendamente indispensable solucionar estas graves falencias para —de una vez por todas— comprar las tierras adeudadas o compensarlas, según y a quien corresponda. Dejar esto abierto, reitero, solo sirve a las orgánicas radicalizadas y terroristas como la CAM, la Resistencia Mapuche Lafkenche o la Resistencia Mapuche Malleco, esta última cuyo refugio es Temucuicui y que recientemente atacó una escuela rural en Victoria.

Lamentablemente, la “Comisión para la paz y el entendimiento” anunciada por el Presidente Boric en noviembre pasado y ratificada en la reciente Cuenta Pública, tal como está diseñada y si no se limita adecuadamente, lejos de darle una salida a la problemática, solo la profundizará, toda vez que se debe considerar, según lo expresó literalmente el mandatario en su anuncio, las tierras “antiguas” o “ancestrales”. En palabras simples, al menos 10 veces más de territorio que lo reconocido por el Estado a través de los títulos de merced.

¿Cómo racionalmente se piensa que se resolverá la problemática actual aumentando la deuda sin dimensionar las consecuencias, si ni siquiera la obligación jurídicamente reconocida se ha satisfecho totalmente? ¿Se ha tomado conciencia de las expectativas imposibles de satisfacer que se crearán? ¿Se ha reflexionado sobre la legitimación directa o indirecta que se hará a las orgánicas radicalizadas y terroristas? ¿Se ha pensado en cómo se debilitará aún más la ya alicaída propiedad en la región?

La Araucanía no resiste más experimentos ni ideologías, el Gobierno aún está a tiempo de abocarse a lo que realmente se requiere: circunscribir la comisión a los títulos reconocidos por el Estado para saldar de una vez por todas la deuda vigente. Su ampliación a las “tierras ancestrales” será profundizar un camino sin retorno, mientras el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado seguirán expandiéndose y encontrando mayor justificación a sus actos delictuales.

Pablo Urquízar M.
Excoordinador nacional de seguridad de la macrozona sur