La situación en la que se encuentran las isapres, así como sus afiliados, enfrentados al riesgo de una eventual quiebra financiera de ellas, da cuenta de un gran fracaso institucional para abordar el problema. Este se generó a partir de una seguidilla de fallos —primero del Tribunal Constitucional y posteriormente de las cortes— que desde hace más de 10 años han ido fijando límites a los precios de los planes de salud y a los reajustes admisibles. Dichos fallos no han dado adecuada cuenta del carácter de seguro mutual del sistema —ordenando rebajas a algunos cotizantes sin las consecuentes alzas a otros, que permitan mantener el seguro a todos— ni se han hecho cargo del aumento de costos a que la atención de salud ha estado sometida.

En definitiva, de acuerdo con la jurisprudencia que se ha venido configurando, sería inconstitucional la discriminación por sexo en la fijación de los precios de los planes de salud y correspondería además restringir la derivada de la edad. Avanzando en esta línea, en una serie de fallos dictados en noviembre del año pasado, la Corte Suprema validó finalmente una tabla de factores para determinar el precio de los planes según edad y número de cargas instituida por la Superintendencia de Salud en una resolución de 2019. De acuerdo con esto, en los contratos con nuevos afiliados sería legal aplicar la referida tabla para fijar el precio inicial del plan, pero no así para alzar ese precio a medida que cambie el tramo etario, pues no existiría sustento legal para ello; por el contrario, si el cambio de tramo significa una baja del precio, sí debería procederse a ella, pues sería inconstitucional aplicar a un cotizante un factor de riesgo mayor al que le corresponde. En definitiva, la Corte dejó sin efecto las tablas de factores usadas por las respectivas isapres y les ordenó aplicar la de la Superintendencia, indicando que si ello significaba un precio menor, correspondía restituir a los afiliados los cobros realizados después de dictada la resolución de 2019.

Esto fue lo que gatilló el actual problema financiero. En efecto, las cifras de cotizaciones a ser devueltas, según algunos cálculos, dejarían a varias isapres en la quiebra inmediata, con consecuencias nefastas para la atención de salud del país como un todo, por las repercusiones sobre los prestadores que no recibirían sus pagos, y por el vaciamiento de cotizantes a Fonasa. Para aumentar la confusión, se ha producido un debate respecto de si el fallo es de aplicación general, es decir, si puede extenderse a todos los afiliados o solo a los que han recurrido a los tribunales, lo que acotaría significativamente los montos. Esta duda pareció resolverse en una entrevista otorgada por la presidenta subrogante de la sala que dictó las sentencias y hasta hoy vocera de la Corte, quien sostuvo la tesis de una aplicación restringida a los recurrentes. Aunque ello supone restablecer el principio básico de que las sentencias judiciales solo surten efecto respecto de las partes en litigio, el peculiar camino seguido por la ministra para señalar el punto, por la vía de una entrevista a un medio, despertó la molestia de varios de sus pares —de hecho, dejaría hoy la vocería de la Corte— y abrió una controversia política que incluso ha derivado en amenazas de acusación constitucional.

Todo este episodio deja en un muy mal pie a la institucionalidad judicial, cuyos fallos, lejos de la claridad que se esperaría del máximo tribunal, han terminado generando una inmensa confusión, de consecuencias potencialmente catastróficas para el sistema de salud. No menos elocuente ha sido la reacción del Gobierno y de parlamentarios oficialistas, reveladora de que, más que una solución al problema, parece interesar a varios hacer de esta la ocasión propicia para acabar con el sistema de isapres.

La presentación de recursos de aclaración que deberá resolver la misma sala que dictó los fallos debiera ser vista como una oportunidad para terminar de una vez con las confusiones, pero, a la luz de lo observado hasta ahora, no cabe, ni con mucho, dar eso por seguro.