En su Cuenta Pública del pasado jueves, el Presidente Gabriel Boric anunció la eliminación de la denominada “tarifa de invierno”. Esta consiste en un sobrecargo en el precio de la electricidad de los clientes residenciales con mayores niveles de consumo, entre abril y septiembre de cada año. Algunos critican la eliminación del sobrecargo, sosteniendo que sería socialmente regresivo, en cuanto aplicaría solo a quienes consumen más, y por ello el eliminarla sería algo que beneficia a las personas de mayores ingresos. Quienes sostienen este argumento hacen referencia también a declaraciones que realicé un tiempo atrás, sosteniendo la que había sido la posición tradicional del Ministerio en esta materia. Claramente, esa posición cambió y es importante hacer explícitas las razones detrás de aquello.

En primer lugar, debido a las particularidades de este proceso tarifario, que contempla numerosos cambios de metodología y opera retroactivamente debido a retrasos acumulados, es posible eliminar el sobrecargo de invierno mitigando las alzas de precio que sufren algunos clientes en invierno, sin que exista un efecto perceptible en la cuenta de los demás clientes. En seguida, nuestras políticas climáticas exigen que fomentemos la electrificación de las necesidades de calefacción y un sobrecargo durante el invierno genera precisamente lo contrario. Solamente un 2% de la calefacción residencial es actualmente suministrada por energía eléctrica, mientras nuestras metas de carbono neutralidad exigen aumentar esa cifra hasta casi un 40% para el año 2050.

Por último, discutamos con mayor detención el argumento de la regresividad. Según los datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de 2021, la comuna donde más clientes pagaron este sobrecargo, en promedio por mes, fue efectivamente Las Condes (8.604), pero seguida de Puente Alto (6.151) y Maipú (5.865). Dentro del grupo de comunas con mayor número de clientes afectos también aparece La Florida (4.892), Santiago (4.742) y muchas capitales regionales.

Tal como lo muestra el trabajo de los últimos meses en la Mesa de Pobreza Energética, creada en conjunto con el Congreso Nacional al alero de la Ley 21.472, el volumen de consumo eléctrico es un mal indicador para aproximarnos al nivel de ingreso de las familias. De hecho, y de acuerdo con los datos del Registro Social de Hogares, Puente Alto, Maipú y La Florida están dentro de las cinco comunas con mayores niveles de hacinamiento. Cuando cuatro o cinco familias vulnerables comparten un mismo medidor, ciertamente pueden alcanzar niveles de consumo iguales o mayores a los de una familia acomodada, pero no por ello dejan de ser vulnerables. Lo que es peor, si castigamos sus consumos eléctricos, es posible que migren sus necesidades de calefacción a tecnologías más contaminantes, como la parafina, el carbón o la leña.

Con estas cifras sobre la mesa, ¿vale la pena mantener un sobrecosto que no solamente afecta a los clientes de comunas acomodadas, sino que castiga también los consumos de decenas de miles de personas que viven en condiciones vulnerables? La eliminación de la tarifa de invierno permite que abordemos este problema con nuevas herramientas: unas que efectivamente fomenten la inversión en tecnologías de calefacción eficientes, asequibles y sostenibles. Las diputadas y diputados que empujaron la campaña #ChaoTarifaInvierno ya se comprometieron a participar en el diseño de estos nuevos instrumentos. Invitamos a la comunidad política y académica a hacer lo propio. Juntos, seguro seremos capaces de entregarle al país las políticas públicas que nos demanda el cambio climático.

Diego Pardow
Ministro de Energía