En 2016 se inició la política de la gratuidad en la educación superior, con la meta de financiar completamente los estudios de los jóvenes pertenecientes al 60% más vulnerable de la población.

Desde entonces, la norma generó dudas sobre su viabilidad financiera, con varias voces de rectores que hace siete años advertían sobre la forma en que se empezaba a aplicar.

Lo anterior, considerando el mecanismo que determina un promedio de arancel por carrera para retribuir a las instituciones: con los años los valores reales han aumentado junto con la matrícula, lo que produjo un desajuste, dejando un déficit y a rectores pidiendo más recursos.

Eso es lo que discuten el Consejo de Rectores (CRUCh) y la Subsecretaría de Educación Superior, luego de que la cartera presentara una propuesta de financiamiento con nuevos aranceles regulados, la que, según algunos planteles, significaría menos fondos, no cumpliendo así el compromiso de “no detrimento”.

El subsecretario Víctor Orellana reconoce que “el aumento en el gasto público, producto del proceso de expansión de la matrícula, no ha tenido el resultado esperado en la productividad e integración social”, pero considera que la política “ha democratizado el acceso a la educación superior y expresa el consenso social de avanzar hacia una educación superior como derecho social”.

“Como era esperable y como varios rectores lo anunciamos en su momento, la política de gratuidad ha traído un sinfín de problemas al sistema de la educación superior”, sostiene el rector Federico Valdés, de la U. del Desarrollo, que no está en gratuidad.

Y enfatiza: “Como lo advertimos en su momento, es una política que ha traído serios problemas a las que se adscribieron y es un riesgo permanente para la autonomía de las universidades”, pues, entre otras cosas, dice, limita el crecimiento de matrícula que pueden tener.

Por su parte, el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, precisa que en la institución el 25% de los alumnos posee gratuidad, pero que “el problema es que la política no ha tenido la inyección de recursos que tendría que haber tenido, y eso se refleja en el hecho de que entran más instituciones y estudiantes, pero los fondos no van a la par”.

Harald Beyer, exministro de Educación y rector de la U. Adolfo Ibáñez, plantel que está en gratuidad, afirma que “el modelo teórico utilizado para definir el financiamiento para la gratuidad no se hace cargo de las diferencias en los proyectos universitarios, cree que hay una sola forma de hacer universidad y, además, no considera que hay universidades que tienen apoyos basales y otras no”.

Para el académico de Clapes UC y exrector de la U. San Sebastián, Carlos Williamson, “el reciente anuncio de los aranceles regulados es una crónica de un problema metodológico que será permanente”, considerando que los costos de las matrículas “deben recoger la estructura de costos directos e indirectos y pese a los esfuerzos por ponderar por los años de acreditación institucional y de investigación, número de sedes, presencia regional y jornada en que se imparte, es inevitable que la fijación de aranceles de la autoridad no dé cuenta de las singularidades propias de cada carrera e institución”.

Quienes en su momento plantearon reparos a la medida, ahora señalan que se cumplió lo que advirtieron. La U. Central fue una de ellas, al punto que no se quiso sumar a la política en ese momento y creó una beca que era muy similar a la gratuidad.

La exautoridad de ese plantel y actual rector de la U. del Alba, Rafael Rosell, dice que “tal como algunos rectores le señalamos en esa época al ministro de Educación de entonces, el señor (Nicolás) Eyzaguirre, la política de gratuidad fue mal diseñada y mal implementada. Es necesario reconocer que ha permitido que jóvenes pertenecientes a familias de bajos ingresos estudien sin tener que preocuparse por los costos de matrícula y aranceles, pero esa sola circunstancia no es suficiente para evaluar la política, por cuanto existen otras vías”.

En ese sentido, enumera que “falla en la equidad, porque la mayor parte de las familias de bajos ingresos estudia en colegios municipales y estos tienen pocas posibilidades” de ingresar a las universidades, que “tampoco ha logrado uno de los objetivos más importantes, la movilidad social”, y que “produce un impacto negativo en la investigación debido a los aranceles regulados y lo que le cuesta realmente la carrera a la universidad”.

Focalizar recursos

La rectora de la U. Aysén, Natacha Pino, quien defiende el fin de la gratuidad, admite ser “bastante crítica respecto a cómo se ha implementado la política”, dado que “tienes de la mano al mercado junto con la gratuidad, y tal vez sería distinto si la gratuidad hubiera sido diseñada solo para universidades estatales o que no lucran, porque finalmente se traduce en un voucher”.

El exrector de la U. Mayor Rubén Covarrubias señala que “ya no hay vuelta atrás”, y añade que “siempre advertimos que era una mala política. La U. Mayor tuvo que sumarse a la gratuidad producto de una realidad que estaba aconteciendo en el país, como fue la pandemia y la crisis económica, pero seguimos considerando que es una mala política”.

Añade que “los recursos tienen que ser puestos bien focalizados, y la buena focalización es hacia la educación primaria, no hacia la terciaria, donde no cabe duda que los jóvenes que estudian luego se reciben y adquieren otro estatus e incrementan sus recursos”.