En las más de tres horas de discurso ante el Congreso Pleno, el Presidente Gabriel Boric anunció el envío al Parlamento de al menos 14 proyectos de ley, los que próximamente debieran iniciar su tramitación. En su Cuenta Pública de 2022, el mandatario informó de 17 iniciativas a despachar.

Si bien las propuestas son menos que las del año pasado, en el Congreso entendieron que de todas formas, el envío de 14 se explicaría por el denominado fast track legislativo en curso en materia de seguridad, que suma 31 iniciativas priorizadas por el Ejecutivo y los representantes de ambas corporaciones del Poder Legislativo.

De esa agenda, 12 proyectos fueron comprometidos por el Gobierno, pero desde el Senado se ha advertido que no todos han ingresado, mientras los plazos de 75, 150 y 270 días para ser despachados avanzan. El lunes, por ejemplo, entró el que robustece el rol preventivo de los municipios contra la delincuencia, así como otro para sancionar solo con multa el porte de combustible en las protestas. Aunque se daría cuenta el próximo lunes, el Presidente informó del ingreso de una reforma sobre inteligencia financiera; además, dos de los 12 proyectos de la agenda prioritaria para perseguir el narcotráfico se subsumirían en una moción en trámite de la senadora Luz Ebensperger (UDI), por lo que serían menos los proyectos que restan por entrar a tramitación.

A esa agenda se añade el que La Moneda insistirá con su fallida reforma tributaria (ver B1) ante el Senado, por los 2/3, a fin de intentar allegar recursos para, de resultar ser aprobada, enviar al Congreso otros dos proyectos postergados: el de la condonación del CAE y el pago de la deuda histórica a los profesores (ver C11), justificó el mandatario.

Del avance de las dos agendas se mostró confiado el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, además de abogar “por un diálogo amplio para poder afrontar la reforma tributaria, que es fundamental para consagrar derechos sociales, para elevar los estándares también de seguridad pública y, por cierto, para posibilitar un crecimiento inclusivo. Es importante tener a la vista que a igual fecha, hemos sido el gobierno que ha avanzado con mayor celeridad en iniciativas para elevar estándares de seguridad”.

En paralelo, el Ministerio del Interior difundió un comunicado después del mensaje presidencial, en el que afirma, en materia de “logros y avances en seguridad pública”, que “se han aprobado 14 proyectos de ley en seguridad incluyendo leyes para aumentar las penas del delito de secuestro, el porte de armas en lugares públicos, sancionar la conspiración para el sicariato, crear el delito de extorsión y reforzar las competencias de Gendarmería. Además de leyes contra el crimen organizado y el narcotráfico para perseguir y quitar el patrimonio de quienes cometen estos delitos y aumentar las penas contra quienes proveen drogas a niñas, niños y adolescentes. Se suman leyes para sancionar los delitos económicos, para proteger a las policías, infraestructura crítica que permite proteger las fronteras y contra el robo de madera”; de todas formas, no especifica a qué período de tiempo corresponde.

Las nuevas propuestas

De los anuncios legislativos, se informó de un proyecto para flexibilizar de manera transitoria los requisitos de acceso al seguro de cesantía; además de otro sobre conciliación trabajo, vida personal y familiar. A los que se suma otro para mejorar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación; para crear el sistema nacional de cuidados; también otro en materia migratoria que busca resolver asuntos como la sanción al transporte irregular de personas.

Otra propuesta apunta a ampliar el llamado a servicio que permite convocar a Carabineros recientemente retirados (se repite de la agenda prioritaria); uno para sancionar los narcofunerales; para reconocer a los gobernadores regionales facultades para contribuir a la prevención del delito; junto con una ley de fortalecimiento del Sernac.

También, otro proyecto para licitar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica a gran escala; para fortalecer el sistema de financiamiento y acelerar la transición productiva y apoyar en el acceso a crédito a las pymes de base tecnológica; otro para prevenir conflictos de interés en el tránsito del sector público hacia el privado, la llamada “puerta giratoria”; una ley de incendios forestales; y dar condiciones mínimas de protección social para pescadoras y pescadores artesanales.