Los últimos cinco años de nuestra historia han estado marcados por muchas inseguridades e inestabilidad política y social. Podemos tener lecturas diversas sobre el alcance del estallido social de 2019, pero este abrió un proceso que no había encontrado voluntad política de diversos sectores, pese a dos propuestas de reforma a la Constitución. Luego de un rotundo rechazo al texto propuesto por la Convención Constitucional, la Comisión Experta intentó buscar puntos de encuentro en distintos ámbitos, que se ubican en puntos similares o al menos intermedios de lo que fue el borrador de 2022.

En el ámbito de los derechos humanos, hay esperanzas. El anteproyecto plasma la relación entre tratados de derechos humanos y normas del derecho interno, a fin de que estas últimas sean interpretadas en forma compatible con las primeras. Esto viene a fortalecer los derechos fundamentales y asegura una lectura armónica entre Constitución y tratados, reduciendo la brecha entre disposiciones domésticas y el derecho internacional de los derechos humanos.

También es valiosa la incorporación de una prohibición a toda forma de discriminación, especificando que esta puede ser directa o indirecta. La idea de discriminación interseccional también es recogida (aunque no expresada en esos términos), cuando se señala que los poderes públicos deberán considerar especialmente la confluencia de más de un factor de discriminación. Si bien la propuesta anterior enumeraba las categorías sospechosas de discriminación, la relación entre derecho internacional y derecho interno es una puerta para comprender que género, sexo, discapacidad o pertenencia a una etnia son algunas de muchas motivaciones tras la discriminación.

Felicito la adopción de criterios de satisfacción de los derechos a la salud y la educación, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Cada una de estas dimensiones tiene parámetros bien definidos y comprende tareas importantes en el desarrollo de políticas públicas. Los derechos sociales se ven claramente robustecidos, al reconocerse algunos pilares ya señalados en el proceso de reforma constitucional anterior, como es la progresividad en la satisfacción de estos derechos bajo principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal.

Pero también quedan deudas. Respecto del derecho a la integridad física y psíquica y el derecho a no ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, era esperable que se incluyera expresamente la violencia de género: aquella de que son víctimas mujeres y comunidades de la diversidad sexual, desplegada fundamentalmente por terceros, y que requiere miradas específicas y pronunciamientos claros para robustecer el efecto horizontal de los derechos fundamentales.

Si bien la Comisión Experta intentó buscar consensos, en algunas áreas no fue posible.

En el proceso anterior, la paridad en los procesos electorales y en la configuración de la Convención (y también en las elecciones del Consejo en este proceso) tuvo como norte la participación de las mujeres no solo en la entrada, sino también en sus resultados. La paridad quedó plasmada en los principios sobre la democracia, pero, como principio, ha sido rechazada sistemáticamente por algunos sectores políticos. Quedó fuera de los acuerdos, proponiéndose una disposición más declarativa sobre la igualdad entre hombres y mujeres en los procesos electorales, y sobre la garantía al ejercicio de la participación política de las mujeres. Se estableció un mecanismo temporal que asegura que no haya más de 60% de sobrerrepresentación entre sexos. Quedamos apenas medio paso adelante: la Constitución de 1980 asegura la igualdad a hombres y mujeres, y ahora mandata al Estado el aseguramiento de la participación femenina, pero sin darle bordes definitivos. Lo más probable es que ello no sea resuelto en el actual proceso, dado el rechazo a estos mecanismos, pero guardo esperanzas de que siga siendo un tema de discusión relevante para el Consejo.

En cuanto robustecimiento de los derechos sociales, la consagración del Estado social y democrático son claros avances, pero este es recién el primer tiempo. Se han producido importantes cambios sociales y culturales que el Consejo Constitucional debe considerar, a fin de que todas y todos, en alguna medida, podamos sentirnos representados en un nuevo texto constitucional.

La autora es profesora titular de la Facultad de Derecho UDP y directora del Centro de Derechos Humanos UDP.

Lidia Casas