El Consejo Constitucional que acaba de ser elegido tendrá un papel decisivo en la configuración de la convivencia futura. Por eso, a contar de ahora, cada uno de sus miembros, el punto de vista que adopten, las declaraciones que formulen, deberán ser sometidos a escrutinio.

Esa es la forma en que la opinión pública puede intervenir en el debate constitucional y someterlo a una vigilancia —¿cómo llamarla?— intelectual.

Pues bien. El domingo recién pasado, una de las figuras más relevantes del Consejo —relevante por la votación que obtuvo, pero también por el papel que al parecer asumirá— formuló declaraciones que es necesario analizar.

Y el resultado no es del todo bueno.

Se trata de las declaraciones que formuló —en una entrevista con Cristián Warnken— el consejero constitucional Luis Silva. ¿Qué dijo en esa entrevista? Al requerírsele un punto de vista acerca de la figura de Pinochet, sostuvo que se trataba de un estadista y que si bien durante su gobierno habían ocurrido “cosas atroces” (esa fue la expresión que usó, no crímenes, sino que cosas, aunque luego habló de violaciones a los derechos humanos), era imprescindible hacer una lectura más ponderada de su gobierno.

En esa parte —al exigir una lectura ponderada de la dictadura, luego de reconocer los crímenes que se cometieron—, el consejero constitucional incurrió en un error severo. Porque ocurre que para quien elabora un texto constitucional deben existir bienes incondicionales, bienes que nadie, bajo pretexto alguno, podría amagar o sacrificar. Y esos bienes son los derechos humanos, cuya violación entonces no puede ser ni justificada, ni justipreciada, ni tasada, ni contrapesada, ni balanceada con otros supuestos bienes que, a cambio de atropellarlos, se pudieron obtener. Pero, desgraciadamente, eso es lo que dijo el consejero Silva: que si bien hubo crímenes durante la dictadura, había que ponderar la totalidad del resultado alcanzado por esta última. Y es raro que haya dicho eso porque siendo él un miembro del Opus Dei —un rasgo que se puede recordar aquí, porque es él quien lo ha hecho público, como parte de su identidad— era de esperar que creyera en bienes absolutos o incondicionales; pero al reclamar que se ponderen los crímenes, les está negando a los derechos humanos ese carácter incondicional.

Para apreciar hasta qué punto es ese un error grave, basta reparar en el hecho de que un texto constitucional tiene la función, en medio de una sociedad secularizada, de declarar que existen algunos bienes incondicionales que ninguna política pública o medida gubernamental podría sacrificar para alcanzar objetivos sociales, por importantes que sean estos últimos. Al declarar que existen derechos fundamentales, el texto constitucional enuncia bienes que son un límite a la acción gubernamental o a cualquier cálculo de consecuencias. Un ejemplo permitirá aclararlo. Si un texto constitucional establece que el derecho a la vida es un derecho fundamental, ello significa que el Estado no puede atentar contra un ser humano como medio para incrementar el bienestar de la mayoría. Y si lo hace, merece una condena y no una ponderación que intente equilibrar el sacrificio de esos derechos con logros económicos o sociales. De otra manera el utilitarismo sería la regla básica de la vida social: la creencia de que una acción es buena cuando produce mayor bienestar para el mayor número posible de personas sería la divisa de la vida en común. Un utilitarista invitaría a ponderar el quehacer de Pinochet balanceando crímenes y resultados económicos o políticos; pero en ningún caso haría eso alguien a quien ha de suponerse una convicción en materia de derechos fundamentales o bienes básicos incondicionales.

Ese es el error (es de esperar que sea un error y no una convicción) en el que incurrió el consejero Silva. Y se trata de un error severo salvo que alguien piense que estar a cargo de convenir una Constitución y creer, al mismo tiempo, que los crímenes pueden ser ponderados o equilibrados con logros económicos o sociales (algo así como este crimen en la columna del debe, este otro acto en la del haber) deba ser un principio que inspire un acuerdo constitucional.

Un debate constitucional como el que se inicia ahora no puede fundarse sobre esas convicciones y el deber del consejero Silva es corregirlas.

Carlos Peña