El Presidente de la República, entre el recuento sobre lo avanzado y potentes interpelaciones a la oposición para poner las necesidades de las personas al centro, propone un proyecto para el país: “Nuestro norte, compatriotas, es avanzar hacia el reconocimiento de derechos que construyan pisos compartidos de dignidad para cada persona que habita esta larga y angosta faja de tierra”.

Para ello, traza tres ejes, como las rutas que transitará su mandato para sentar las bases: derechos sociales, seguridad ciudadana —que incluye seguridad pública y presencia del Estado— y desarrollo sostenible, a propósito del litio e hidrógeno verde.

Esta orientación parte de reconocer las deudas que se arrastran por décadas desde la política, y cuya resolución es un ingrediente imprescindible para avanzar: deudas en educación; deudas con las personas que cuidan; deudas con los pueblos originarios; deudas con las mujeres; deudas de seguridad; deudas con las jubilaciones; deudas con la protección de la naturaleza; deudas en vivienda; deudas con la salud; deudas de justicia y memoria; deudas de un Estado agotado para las necesidades actuales.

El mandatario lo hace no solo describiendo los conflictos sociales y políticos de los últimos años, sino que asumiendo una autocrítica a nombre del Estado: se ha dedicado más tiempo a la cuenta corta, a las pasiones contingentes y partisanas, que a responderle a la ciudadanía.

Ese llamado, del que muchas y muchos hemos hecho eco como distancia entre política y sociedad, debería ser un punto de inflexión.

En momentos donde los límites democráticos se desdibujan por esas deudas, por los cambios epocales y por un renovado negacionismo, que Chile renueve sus líneas básicas de convivencia y centre la acción política en una voluntad de construcción nacional es el camino para tener esperanzas y futuro.

Para la izquierda, las palabras del mandatario deberían ser también un llamado a una alianza nacional, popular, democrática y desarrollista para materializar este proyecto.

Para ello no basta el Gobierno, sino que demanda de articulación y construcción activa con la sociedad.

La oposición, por su parte, tendrá que resolver si está disponible para que Chile pueda transitar democráticamente al desarrollo. Entre la senda constitucional y su actuar en el Congreso, tendrá que demostrarlo.

A 50 años del golpe de Estado, mirar sin tapujos al país que tenemos es la única manera de remecernos; de hacernos preguntas como sociedad; de no normalizar la violencia, los temores y el hastío, y darle espacio a esa resiliencia y creatividad popular que permite día a día que quienes habitamos este país sigamos caminando.

Camila Miranda