En su Cuenta Pública, el Presidente hizo suya la propuesta “Chao tarifa de invierno”, promovida por un grupo de parlamentarios. Esta elimina el sobreprecio que pagan los clientes residenciales en las cuentas de la luz durante los meses fríos, el que busca reflejar, vía precios, que la energía es más escasa en invierno, ya que la demanda es mayor y los costos de generación son crecientes. Ello incentiva a las personas a cuidar más su consumo eléctrico, por ejemplo, usando fuentes alternativas de calefacción. Obviamente, este sobreprecio se traduce en mayor gasto en las cuentas de la luz. Y los políticos, sensibles a las penurias ciudadanas, quieren entregarles un alivio.

Este es solo un ejemplo de propuestas que, con la intención de aliviar los bolsillos, buscan impedir que una señal de precios transmita que un recurso es escaso. Otros ejemplos son las ideas de suspender el cobro de servicios básicos en pandemia, las demandas de No+Tag o la gratuidad en los estacionamientos de los malls. Estas propuestas, planteadas por empáticos representantes de todo el espectro político, comparten dos problemas adicionales. Primero, que favorecen especialmente a personas que tienen un relativo buen vivir: aquellos que tienen casas más grandes y usan autos. Segundo, que son dañinas para el medio ambiente, porque incentivan el uso del auto, que congestiona la ciudad y contamina, y hacen menos necesario ahorrar en luz y agua.

La cobertura televisiva de “Chao tarifa de invierno”, incluso en canales que se precian de serios, ha seguido un patrón habitual: se les da un conveniente espacio a los parlamentarios impulsores y luego se entrevista a potenciales beneficiarios, a quienes (oh, sorpresa) la medida les parece buena idea. Nadie comenta que es efectivamente más caro proveer electricidad en invierno. Ni los parlamentarios ni los periodistas se preguntan en quién recaerá el costo de esta medida (¿significará solo menores utilidades para la industria o se traspasará en parte a los usuarios que consumen menos energía?), tampoco en sus efectos (¿redundará en mayor sobreúso, haciendo necesarias nuevas centrales?). Menos aún llegan a cuestionarse si hay formas más directas y menos distorsionadoras de aliviar los bolsillos (¿transferencias monetarias?). Es posible que pese a esas consideraciones haya razones para una política como esta, pero que ella se plantee sin atenderlas solo habla de la pobreza de nuestro debate democrático.

Si años atrás los tecnócratas pudieron haber tenido demasiada influencia en las políticas públicas, hoy la dimensión técnica de los problemas apenas tiene cabida en el debate. “No me vengan con el cuento de la oferta y la demanda”, dijo una vez un senador que, furioso, acusaba colusión ante el alza de los pasajes de buses para Semana Santa. Pero la escasez de agua y de energía y el excesivo uso del auto son problemas reales de los que no nos estamos haciendo cargo, y el problema de la estrechez económica no se resuelve por arte de magia.

Se suele hablar de una dicotomía entre técnica y política. Cierto, solo la política está llamada a elegir los fines que como sociedad queremos perseguir. Pero, ¿puede la política alcanzar algún fin si no atiende lo que la técnica conoce sobre la relación entre medios y fines?