Señor Director:

Durante el debate sobre la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), las autoridades sostuvieron que el objetivo fundamental, en el caso de las salmoneras, era proponer una relocalización de aquellas empresas de salmonicultura que desarrollan sus actividades en áreas protegidas, a fin de preservar la naturaleza. Sin embargo, en la práctica, este objetivo se ve dificultado por la excesiva demora de las autorizaciones que corresponden ser otorgadas por organismos públicos.

En el caso de nuestra empresa, de origen canadiense, voluntariamente propusimos fusionar dos concesiones para ubicarlas en una zona “no protegida”. A pesar de que desde el año 2010 hemos cumplido todos y cada uno de los trámites que exige la ley, incluidas las autorizaciones medioambientales, no hemos logrado que el Ministerio de Defensa, que tenía un plazo de 90 días hábiles para firmar el decreto respectivo, lo haga en el plazo legal. Lleva casi un año sin cumplir su obligación y, en lugar de ello, pide informes adicionales, que la ley no contempla ni ordena realizar.

¿Cómo se pretenden promover las relocalizaciones de la salmonicultura si los organismos gubernamentales actúan con este nivel de lentitud y nula coordinación interestatal?

Este es un caso real que debiera hacer reflexionar sobre la incoherencia entre lo que dicen las autoridades y lo que ocurre en la realidad.

Andrés Parodi Taibo
Gerente general Cooke Aquaculture Chile