El tamaño del Estado se mide de formas distintas: el gasto y el número de empleados del gobierno general, y los activos, el patrimonio y los empleados de las EEPP (empresas públicas). Las medidas del Estado varían entre países con gobiernos generales pequeños (como Corea del Sur o Irlanda) a otros gigantescos (dictaduras comunistas como Cuba y Corea del Norte), y entre países con EEPP casi inexistentes (Australia y EE.UU.) a otros que dejan casi toda actividad económica en manos del Estado (las mismas dictaduras comunistas).

Bajo el gobierno de Boric, la estatización de la economía de Chile está dando un salto gigantesco. Inspirado por el gobierno de Allende, el programa y las políticas del actual gobierno extienden masivamente el tamaño del Estado, como lo evidencian siete hechos.

Primero, la propuesta constitucional (PC) de Boric (rechazada contundentemente en el plebiscito del 4S22) hubiese implicado un aumento del gasto fiscal permanente en 11,6% del PIB (Betancor et al. 2022).

Segundo, el peor proyecto de reforma tributaria de la historia de Chile (rechazado en la Cámara de Diputados) buscaba incrementar permanentemente el gasto público en 3-4% del PIB.

Tercero, en su primer año, este gobierno ha expandido el empleo público en un gigantesco 8,6% (lo que significa 94.100 nuevos asalariados públicos), mientras que el empleo privado ha aumentado en un magro 1% (Fuente: INE). Esta es la mayor contratación de funcionarios públicos en un año desde Allende.

Cuarto, este gobierno intenta estatizar dos sectores económicos enteros: los seguros privados de salud (isapres) y la administración privada de los ahorros previsionales (AFPs). El Gobierno, inspirado por una decisión inconstitucional de la Corte Suprema, está haciendo todo lo posible para quebrar a las isapres. Respecto del sistema previsional, el proyecto de ley de Marcel-Vega procura eliminar las AFP y las cuentas individuales de ahorro previsional, reemplazándolas por un monopolio estatal que administraría un sistema estatal dominante de reparto.

Sexto, la recién anunciada política nacional del litio busca la estatización al menos parcial de las operaciones futuras de las actuales empresas privadas en el salar de Atacama y el desarrollo de una industria del litio a través de EEPP en este y en otros salares, extendiendo el giro de Codelco del cobre al litio.

Por último, la guinda de la torta: el Gobierno mandató una ampliación del giro de la estatal Enap, encargándole la distribución de balones de gas a un precio subsidiado. El resultado del programa piloto fue insólito: cada balón de gas vendido a un precio de $15.000 tuvo un costo para Enap de $117.000. Es un botón de muestra de cómo Boric emula a Allende en estatizar actividades privadas, proveyendo a pocos ciudadanos bienes altamente subsidiados, desplazando a las más eficientes empresas privadas y generando pérdidas insostenibles en las empresas estatales.

La estatización de las isapres y las AFP, y el litio estatal, extendería significativamente el número y tamaño de las EEPP: su patrimonio total aumentaría de 8,4% a 11,3% del PIB, lo que equivale a un crecimiento de 35%.

La evidencia internacional sobre la relación entre el tamaño del Estado, la democracia y el desarrollo es sistemática. Pasado cierto umbral, y condicional a la calidad de las instituciones, el tamaño del gobierno general está asociado a más corrupción, menor libertad, menor desarrollo y menos democracia. Mientras mayor es el número y el tamaño de las EEPP, menor es la eficiencia productiva, la inversión y la innovación.

Al alero de una buena Constitución, a partir de 2026 Chile deberá revertir las políticas estatizadoras del gobierno de Boric. El siguiente gobierno deberá implementar una gran reforma del Estado que comprenda modernización tecnológica, reducción del número de empleados públicos, reforma de programas sociales y privatización al menos parcial de las EEPP. Chile necesita un Estado musculoso y eficiente, pero pequeño, que debería parecerse más al estado de Australia, Corea del Sur o Nueva Zelandia, que al Estado hipertrofiado, corrupto e ineficiente de Argentina o Venezuela.