Apelando a un informe de la Fiscalía Nacional Económica que calificaba al sector de la distribución y venta del gas licuado como potencialmente poco competitivo —incidentalmente, los precios del gas en el mundo habían subido fuertemente, entre otras razones, por la invasión rusa a Ucrania—, el año pasado el Gobierno pidió a Enap ingresar a ese mercado, ofreciendo el combustible a mejores precios que el sector privado. Todo ello ocurría en el contexto de una administración recién asumida, cuyo programa priorizaba el incrementar sustantivamente el papel del Estado y que además había decidido apostar su proyecto político al triunfo del Apruebo en el plebiscito constitucional de septiembre pasado. Así, la intervención tenía una indesmentible doble faz: materializaba la apuesta ideológica de Apruebo Dignidad, pero también apuntalaba la opción Apruebo, con el despliegue de las autoridades políticas entregando balones y anunciando el programa “gas a precio justo” en pleno período de campaña plebiscitaria. Ahora, la respuesta a un oficio de fiscalización de la Cámara de Diputados ha permitido conocer los costos de ese voluntarismo, que no consideró estudios ni cálculos para obligar a una empresa pública a entrar en un área que le era ajena.

Así, el “plan piloto” de Enap en la venta de balones de gas a los consumidores ha mostrado cuán lejos está el Estado de poder reemplazar a la empresa privada en la producción, distribución y venta de bienes y servicios a la población. Las dificultades que enfrentó Enap —una compañía refinadora y de venta al por mayor, no orientada al retail— para poder navegar en medio de las complejidades de este último segmento, y su falta de experticia y experiencia para resolverlas, han quedado expuestas al revelarse que en la práctica los balones le costaron casi ocho veces el valor al que se venden al público. Producto de esa embarazosa constatación, la empresa se ha visto en la necesidad de admitir que no podía ser un actor competitivo en el mercado minorista, aunque no ha abandonado la idea de ser un competidor importante en el de su venta al por mayor. Si lo logrará, está por verse. En todo caso, debe estar consciente de los riesgos reputacionales a los que se expone en caso de no lograrlo, y de cómo eso repercutiría negativamente en la tesis de los partidarios del Gobierno de que muchos de los problemas económicos del país se resolverían si se entregara al Estado una mayor participación.

Adicionalmente, este episodio ha servido para mostrar que el sector privado sí es un actor fundamental si se quiere satisfacer las necesidades de consumo de la población, que su dinamismo, competitividad y energía innovadora resultan cruciales para que ello se produzca, y que los problemas de colusión y abusos, repudiables y merecedores de castigo, distan de ser el sello que lo caracteriza.

El Gobierno debe extraer las lecciones que este caso ha puesto en evidencia. Si algo positivo pudiera dejar este bochornoso episodio sería el que las autoridades abandonaran los prejuicios y la idealización del Estado que siguen permeando sus políticas en una diversidad de ámbitos, desde la salud a la previsión o la minería.