El INE publicó cifras de empleo que, una vez más, muestran la debilidad del mercado laboral: solo sube el empleo público. En su editorial del martes este medio nos recuerda que Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no han logrado recuperar el empleo a los niveles prepandemia. Estas cifras no son más que la manifestación más dolorosa y tangible de la pérdida de dinamismo de nuestra economía que se acumula por más de una década: desde 2013 que ni la cobertura del empleo formal ni el PIB per cápita muestran mejoras relevantes.

Las alarmantes cifras de delincuencia han activado una agenda de seguridad que yacía dormida (está por verse la eficacia en la gestión de las políticas aprobadas), pero no se observa igual reacción en la agenda económica. Por el contrario, avanzan sin tropiezos políticas públicas que aunque declaran buenas intenciones que todos compartimos —aumentar la recaudación tributaria de la minería para destinarla a gasto social, que el Estado capture parte de la renta de la oportunidad que nos brinda el litio, lograr un mejor equilibrio entre trabajo y familia y aumentar los salarios— no van en el sentido de imprimirles un nuevo dinamismo a nuestra economía y a la generación de empleos formales.

En relación con el nuevo royalty minero, parece no importar que Chile quede con una carga tributaria mayor a Australia, Perú y Canadá, países mineros con los cuales competimos. Así, a la brecha de competitividad relacionada con los extensos plazos y baja certeza jurídica en los procesos de permisos o con la baja productividad de nuestro capital humano, sobre todo cuando interactúa con la tecnología, ahora debemos sumar la brecha tributaria. No debiera extrañarnos entonces que Chile siga cayendo en el ranking de competitividad minera.

Los promotores de la estrategia nacional del litio anunciada por el Gobierno parecen creer que la oportunidad que nos brinda este mineral esperará a que el Estado chileno constituya y haga funcionar todo el engranaje anunciado para capturar rentas y adquirir competencias: Instituto del Litio, Comisión del Litio, Consejo Estratégico del Litio, asociación con Codelco en el salar de Atacama, asociación con Enami en el salar de Maricunga y Empresa Nacional del Litio. Y luego parecen asumir que las mejores empresas de litio optarán por ser socios minoritarios del Estado chileno, entregándole parte importante de la renta y la tecnología, y arriesgando el dinamismo necesario en su gobernanza, en vez de elegir las concesiones o permisos de operación que ofrecen Australia, Argentina o Estados Unidos. No debiera extrañarnos que las decisiones de inversión de esas empresas (más relevantes que sus declaraciones) en exploración, explotación y refinación de litio sigan favoreciendo a esos países.

En la agenda laboral, con el talento de la ministra del Trabajo, el Gobierno logró convencer a muchos que la reducción de jornada laboral no solo traería mayor tiempo libre a los trabajadores, sino que también la esquiva mayor productividad que se lograría por los mayores espacios de flexibilidad que ofrece la ley.

No se escuchó en tantos que celebraron dicha política advertir que los espacios de flexibilidad ofrecidos en Chile siguen siendo de los más reducidos entre los países de la OCDE y que nuestro sistema de indemnización por años de servicio representa una de las barreras más altas entre ese grupo de países para la movilidad laboral, condición necesaria para aumentar la productividad.

Y en relación con el loable objetivo de aumentar el salario mínimo, no se escucha en el Parlamento una voz transversal que advierta que solo el 14% del quintil de más bajos ingresos tiene un empleo formal. Y para paliar el mayor costo que deberán asumir las pymes, nuestro sistema político les ofrece una vez más un subsidio, otro parche regulatorio que profundiza el desincentivo a crecer porque cesa a partir de cuando se alcanza cierta envergadura.

Es así como la política chilena ha hecho caso omiso a la advertencia que hiciera The Economist hace algunos años: “en lugar de distribuir subsidios y favores regulatorios a las pequeñas empresas, los gobiernos deberían concentrarse en eliminar las barreras a la expansión”. No debe sorprendernos entonces que se siga profundizando el letargo de nuestra economía.

La bondad de los objetivos no debe desplazar el necesario debate sobre los mejores medios, la evidencia que los respalda y las implicancias de las políticas en el ámbito económico, social y laboral. Lamentablemente es lo que observamos en el debate público nacional. Esperamos que la realidad del mercado laboral rompa esta inercia. Ya es hora.

Elisa Cabezón
Bernardo Larraín
Pivotes