La frase “no hay órdenes de partido” se ha escuchado insistentemente en la boca de dirigentes políticos de todos los sectores ante descuadres de sus parlamentarios, pero podría quedar en el pasado. Eso es lo que buscó al menos la Comisión Experta, que intentando regular de mejor forma a los partidos políticos para evitar la excesiva fragmentación del sistema, aprobó de forma unánime un artículo que permite la existencia de este tipo de órdenes. Con esta decisión, será el Consejo Constitucional el que deba recibir la norma y definir si ratificarla, modificarla o rechazarla, a partir del 7 de junio.

“La ley regulará los casos, la oportunidad y forma en que los órganos directivos de un partido político podrán dar órdenes de partido a sus afiliados parlamentarios. Estas órdenes de partido serán excepcionales y deberán referirse a asuntos en los cuales estén directamente en juego los principios del partido o su programa”, dice el artículo. Eso sí, en su redacción se especifica que “no podrán darse órdenes de partido cuando el parlamentario deba resolver como jurado”, por ejemplo, en acusaciones constitucionales.

“Las órdenes de partido habían sido prohibidas porque no eran necesarias, creo que hoy la dinámica propia de la democracia nos obliga a repensar esta institución. Yo la estoy apoyando sabiendo los costos que eso trae, pero avanzar en disciplina partidaria es decisivo para la gobernabilidad”, señaló el experto Máximo Pavez (UDI).

La discusión se enmarcó en el debate del capítulo de Representación política y participación del anteproyecto —aprobado por completo de forma unánime—, en el que hubo múltiples referencias a la fallida experiencia de la Convención, cuya regulación sobre los partidos políticos terminó siendo escasa ante la dura crítica que hacían principalmente los independientes de izquierda a estas colectividades.

“A diferencia de la Constitución de 1980 en su versión original y la fallida propuesta constitucional de la Convención, el anteproyecto de la Comisión Experta no desconfía de los partidos ni los ignora en su regulación; por el contrario, comprende que del éxito de los partidos depende en gran medida la buena gobernanza a largo plazo del Estado social y democrático de derecho”, señaló el comisionado Francisco Soto (PPD).

El vicepresidente del órgano, Sebastián Soto (cupo Evópoli), recordó que “hace algunos meses en este edificio un grupo de personas vociferaba diciendo que ‘el pueblo unido avanza sin partidos'. Este capítulo nos propone algo distinto: que los partidos y la ciudadanía serán juntos, coordinados, aliados y no enfrentados, y que avanzarán por el bien de Chile”.

Otro de los puntos visados en la jornada, también de forma unánime, dice relación con la posibilidad de la Corte Constitucional de declarar inconstitucionales a los partidos o movimientos que tengan actos o conductas que no respeten “principios básicos del régimen democrático” o “que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella”.

Participación

Asimismo, los expertos aprobaron mecanismos de participación ciudadana como las iniciativas populares de ley y las iniciativas de derogación parcial o total de una ley, impulsadas originalmente por el comisionado Francisco Soto (PPD).

Según lo acordado, para presentar una iniciativa popular de ley, un mínimo de personas equivalente al 4% del padrón nacional (cerca de 600 mil) —y un máximo de 6% (900 mil)— deben firmar y entregar una propuesta al Congreso Nacional. Desde que la propuesta es registrada, la ciudadanía tendrá 180 días para poder suscribirla y lograr los patrocinios requeridos para su tramitación.

En cuanto a la iniciativa derogatoria, las exigencias son mucho más altas. Para su presentación se requiere una cantidad de firmas equivalente al 3% del último padrón electoral (450 mil), pero tendrá que reunir un apoyo total no inferior al 7% (1 millón 50 mil) ni superior al 12% (1 millón 800 mil) de dicho padrón, dentro de los 60 días siguientes a su ingreso. Cumplido aquello, la Corte Constitucional deberá hacer un examen de admisibilidad de la propuesta y luego someterse a un referendo ciudadano que solo se podrá aprobar si participan al menos el 40% de los ciudadanos que votaron en la última elección de diputados. La derogatoria, además, no puede abordar iniciativas exclusivas del Presidente, reformas constitucionales o tratados internacionales, ni producir un efecto que contravenga la Constitución o lo derechos adquiridos. Como ejemplo, el comisionado Juan José Ossa (RN) aseguró que “el día que el Congreso y el Gobierno acuerden expropiar los fondos de pensiones, pues bien, la iniciativa popular de derogatoria de normas será una válvula que permita a esas minorías, no tan minorías, someter a referendo esa decisión”.

En ese sentido, la comisionada Magaly Fuenzalida (cupo FRVS) complementó que “no vienen a lugar las críticas, el inciso construido está muy bien limitado para que esto no se transforme en aquellos que puedan querer una venganza de que ‘no me gusta esta ley, la saco' o por ser de un partido distinto”.

A la vez, los expertos consagraron otros mecanismos, como audiencias públicas y foros de deliberación ciudadana, cuyo objetivo será colaborar en la resolución de una materia específica de debate público.