Si bien la Comisión Experta aún no aprueba una propuesta constitucional completa, está a punto de lograrlo. Reúne el respaldo de todas las fuerzas ideológico-culturales representadas en el Congreso Nacional.

Su mayor mérito es no imponer un modelo único de vida y organización de la sociedad, como ocurrió originalmente con la Constitución de 1980 y con el texto de la Convención Constitucional rechazado en septiembre pasado.

La cuestión del Estado se ha resuelto de manera inteligente. En línea con los avances que venían sucediéndose desde 1990, se reconoce que el Estado es social y democrático; que respeta derechos y libertades fundamentales, y que promoverá el desarrollo progresivo de los derechos sociales.

Respecto de estos últimos, se establece que el Estado avanzará en asegurar su provisión como bienes públicos (salud, educación, vivienda, seguridad social y otros) a través de instituciones estatales y privadas, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal. Significa un paso definitivo hacia el reconocimiento constitucional de la provisión mixta de dichos bienes.

El caso de la educación es un buen ejemplo. Se consagra con igual fuerza el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Las personas pueden crear colegios, la comunidad debe contribuir a su desarrollo y al Estado le corresponde crear, sostener y coordinar una red nacional pluralista de establecimientos escolares. Además debe financiar y coordinar la educación obligatoria gratuita. Asimismo, promueve, regula, supervigila y asegura la calidad de la educación. A su vez, los establecimientos deben cumplir estándares básicos y uniformes, y recibirán recursos públicos de acuerdo a criterios de razonabilidad.

En suma, se consagra un esquema de provisión escolar mixta, de carácter público y pluralista, con igualdad de trato entre proveedores estatales y no estatales, gratuito en los niveles obligatorios y sujeto a la supervisión y garantía de calidad por parte de un Estado democrático.

Las orientaciones propuestas se sitúan, pues, en las antípodas de la Constitución de 1980, autoritaria, excluyente y de Estado subsidiario de mercados. En cambio, recoge, promueve y profundiza los cambios signados por el Presidente Lagos en 2005.

No concurren a este nuevo acuerdo constitucional las fuerzas situadas en ambos extremos del arco democrático; fuerzas destituyentes de ultraizquierda cuyo imaginario es el octubrismo antiinstitucional y fuerzas reaccionarias de ultraderecha cuyo imaginario no se despega de la Constitución pinochetista.

Si el Consejo Constitucional logra estabilizar y hacer suyo el texto de la Comisión Experta, y lo impulsa ante la opinión pública como base de un nuevo pacto de gobernabilidad, será posible reunir una mayoría en el plebiscito de diciembre próximo. Concluiría así un notable proceso de renovación constitucional.