En 2015 la ONU aprobó la “Agenda 2030” sobre el Desarrollo Sostenible con 17 objetivos a cumplir, a la que nuestro país adhirió y que constituye una inmejorable oportunidad para emprender una nueva hoja de ruta que permita mejorar la calidad de vida de los chilenos.

Por eso, es muy importante alinear los intereses de todos los actores para cumplir las metas. Primero, no será posible derrotar la pobreza si persiste el alarmante déficit de vivienda. Hoy se requieren 260 mil viviendas y más de 600 mil a fines de esta década.

Para ello es clave contar con suelos habilitados para la construcción de inmuebles integrados, con acceso a seguridad, centros educativos, de salud y áreas verdes.

Los recursos para superar este déficit ascienden a US$ 36 mil millones. Pero los presupuestos del Estado son siempre limitados, por lo que se requiere la participación del sector privado.

En segundo lugar, hay que poner atención en el cambio climático. Nuestro país no ha escapado a sus efectos, lo que ha generado una crisis hídrica. Las plantas desaladoras son una solución eficiente. Es posible desalinizar 80 m{+3} por segundo para abastecer la zona central, con una inversión de US$ 20 mil millones. Esa cantidad podría ser absorbida por las empresas sanitarias, los usuarios y el Estado, solo con la transferencia de recursos que hoy se destinan a camiones aljibe y otros subsidios.

Además, en el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) hemos propuesto la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos para una mejor administración de los recursos a nivel de las ciudades y cuencas.

Un tercer ámbito se refiere a la infraestructura. Es urgente abordar el déficit existente: hoy la inversión alcanza al 2,4% del PIB, aunque debería llegar, al menos, al 3,5% del PIB. El emprendimiento del Estado a través del sistema de concesiones en Chile ha alcanzado una inversión de US$ 27 mil millones en 30 años, por lo que entendemos es un mecanismo probado para lograr esa meta.

Históricamente el Estado, apoyándose con los privados, ha llevado adelante obras como autopistas, embalses, cárceles y aeropuertos, entre otras. Sin embargo, hemos subutilizado esta forma de emprender de parte del Estado. Hay muchas promesas, diagnósticos y declaraciones. Necesitamos menos ideología y más convicción.

El país requiere mejorar su infraestructura, pues esto ayuda a expandir la economía y la productividad. En esa línea, el CPI propone crear una nueva institucionalidad: el Consejo Asesor de Políticas de Infraestructura para elaborar políticas de largo plazo y un seguimiento de los compromisos.

Hay áreas clave que requieren de la inversión privada. El objetivo es concretar proyectos como el cable de fibra óptica entre Chile y Asia; la línea de alta tensión entre Antofagasta y Santiago; nuevas plantas desaladoras; infraestructura en torno al litio e hidrógeno verde; reforestación tras los incendios; a lo que se suma la concesión de cárceles, dado el déficit reconocido por el Ministerio de Justicia. También se debe construir un paso fronterizo en la macrozona centro-sur.

Además, se requiere recuperar la eficiencia de la cadena logística vinculada al comercio exterior. Por eso, nos preocupa la excesiva demora en la construcción del puerto de gran escala en San Antonio, anunciado en 2018. Las primeras obras se ejecutarían en 2024. Mientras nosotros avanzamos a paso lento, los nuevos puertos de Perú —como Chancay— estarán operativos en los próximos tres años.

A la par, hay que desarrollar el modo ferroviario. Hoy, el movimiento de carga llega a nueve millones de toneladas, un 20% que hace 10 años. Hoy se requiere invertir en ferrocarriles entre la capital, San Antonio y Valparaíso.

Necesitamos alcanzar las metas para el desarrollo sostenible y también reactivar las alianzas público-privadas para dinamizar la economía, el crecimiento del país y así mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas.

Eduardo Frei
Expresidente de la República Presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)