La situación de un gobierno y de las fuerzas políticas que lo respaldan después de dos derrotas sustantivas en los últimos ocho meses obliga a una autocrítica profunda y a una necesaria rectificación, considerando que quedan más de dos años y medio de gestión gubernamental.

A la derrota del 4 de septiembre, en que se obtuvo por parte del oficialismo solo el 38% de votación por el Apruebo, se agrega la derrota en la elección de los 50 consejeros constitucionales en que solo elegimos 16 consejeros y obtuvimos la misma proporción de votos, 38%, del plebiscito del 4 de septiembre. El 7 de mayo se presentaron 5 listas a la competencia; dos listas en que se agrupaba el oficialismo y tres listas en que se agrupaban las derechas.

Las listas del oficialismo en que se incluía a la Democracia Cristiana, que no es parte del oficialismo, alcanzaron 37,48% del voto ciudadano, desagregado en la lista Unidad por Chile que agrupaba a Apruebo Dignidad más socialistas y liberales que alcanzó el 28,53% de los votos y la lista Todos por Chile integrada por PPD, radicales y democratacristianos que solo alcanzó el 8,25% de los votos. Por otra parte, las tres derechas alcanzaron el 61,95%, desagregados en republicanos con el 35,41%, Chile Seguro con el 21,06% y el Partido de la Gente con el 5,48%. Seamos claros, esta es la peor derrota de la izquierda y centroizquierda desde 1990 y como contrapartida, es el mayor triunfo de las derechas desde esa misma fecha. Esos son los hechos concretos, la situación concreta.

Hay que dilucidar, conocer y comprender las razones de esta derrota. Una primera variable a considerar es el nuevo universo electoral a partir de la inscripción automática y el voto obligatorio. Los tres últimos triunfos de las fuerzas de izquierda y centroizquierda se obtuvieron con voto voluntario.

En el plebiscito de entrada, donde la voluntad de Nueva Constitución alcanzó el 80% de los votos, solo voto el 51% del universo electoral; en la elección posterior de constituyentes, donde la izquierda y centroizquierda obtuvo el 78% de los votos solo votó el 43% del universo electoral y en la elección en segunda vuelta, que permitió el triunfo del Presidente Boric, con el 55% de los votos, solo votó el 55% del universo electoral. Esto significa que aquellos millones de chilenos que no acudían a votar con voto voluntario y que hoy concurren presionados por la obligatoriedad y la multa, pertenecientes en general al mundo de las capas medias y al mundo popular, completamente distanciados de la vida política del país, tienden a votar por las posiciones de derecha. Considerando que este sistema de votación permanecerá en el tiempo, para las fuerzas transformadoras es imprescindible llegar a ese mundo social y cultural con respuestas concretas a sus demandas y necesidades.

Una segunda consideración para las fuerzas progresistas es la variable socioeconómica de la última votación. Utilizando a votación en algunas comunas de la Región Metropolitana que representan nichos socioeconómicos muy definidos, la situación fue la siguiente: en el bolsón electoral de la derecha, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, las dos listas oficialistas alcanzaron el 20% de la votación. Eso es histórico y no refleja ningún cambio en dicho nicho socioeconómico. En las comunas más integradas por diversas capas medias como Maipú y La Florida, las dos listas oficialistas alcanzaron el 50% de los votos, lo que en general no constituye una novedad. Lo nuevo es en el mundo popular. En tres comunas populares del Santiago norponiente; Cerro Navia, Renca y Quilicura, las dos listas oficialistas alcanzaron solo el 45% de los votos y en la zona sur de Santiago, en las comunas populares de Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, Lo Espejo y La Pintana, las dos listas oficialistas alcanzaron solo el 46% de los votos. Es decir, la izquierda y centroizquierda ha perdido presencia en las votaciones en el mundo popular urbano. Esos son los hechos concretos, la situación concreta.

En mi opinión, la principal causa, no la única, del deterioro de la votación oficialista está en la percepción ciudadana de no haber respondido con eficiencia a la principal preocupación ciudadana del momento que es la inseguridad cotidiana del ciudadano común y corriente. Lo anterior se refuerza con encuestas conocidas después de la elección en que se le consulta a los encuestados por que votaron por los republicanos ¿Cuál fue la razón principal para dicho voto? Y nos encontramos que en la encuesta de la Universidad del Desarrollo prácticamente la mitad del voto republicano es por razones de inseguridad ciudadana. Lo mismo ocurrió con la encuesta “Tu influyes” en que ante la misma pregunta casi el 40% sostuvo que la decisión de su voto por los republicanos fue el voto de protesta contra el Gobierno por el tema de la seguridad ciudadana. Asimismo el resultado extraordinario de los republicanos obedece en mi opinión a que conectaron con la principal demanda de la ciudadanía, la búsqueda de la seguridad ciudadana en todos los planos. Lo anterior obliga que para recuperar ese voto de capas medias y del mundo popular hay que reforzar por parte del Gobierno y los partidos oficialistas la agenda legislativa y comunicacional que permita que los ciudadanos vean en el Gobierno una eficiente respuesta a su principal demanda de preocupación cotidiana.

Asimismo, para recuperar nuevamente las mayorías, se requiere sacar adelante las reformas estructurales más importantes como la previsional y la tributaria, con la mayor flexibilidad para seguir avanzando, considerando que somos minoría en ambas cámaras, pero que a la vez la ciudadanía, al ver resultados de esas reformas, vean satisfechas sus aspiraciones en pensiones, en salud, en vivienda y en educación. Los logros obtenidos en las 40 horas, en el royalty y su impacto en el incremento de los recursos a nivel comunal y regional, el salario mínimo de $500.000 a partir de julio del próximo año, la gratuidad en Fonasa que han percibido más de 600.000 usuarios del sistema, perseverar en la pensión garantizada universal para alcanzar los $250.000, son ejemplos de flexibilidad política y legislativa cuyos resultados, bien comunicados a la ciudadanía, pueden modificar la actual correlación de fuerzas.