Señor Director:

El crimen organizado y el narcotráfico fundan sus acciones en la obtención de sumas de dinero para adquirir bienes y así aumentar su poder de corrupción de personas e instituciones y lograr mayores niveles de impunidad. Así entonces, resulta clave asestar un golpe directo a la “economía criminal” buscando incautar bienes y productos de sus ilícitos.

Para ello me permito sugerir que el Ministerio Público cuente con una unidad especializada de persecución civil en el marco de las investigaciones criminales, para que la sanción penal sea una sola parte de la estrategia de persecución del crimen organizado y el narcotráfico. Así, los persecutores contarían con equipos de litigantes especializados en materia civil destinados a identificar, incautar, decomisar y liquidar las propiedades, vehículos, dineros, acciones y otros bienes que sean de propiedad de las personas u organizaciones criminales, afectando su razón de existencia, aumentándoles el riesgo y, por tanto, desincentivando su accionar en nuestro país.

A mayor abundamiento, me permito advertir que quizás sea momento de analizar una modificación legal (basada en experiencia comparada) que contemple que en casos de investigaciones criminales asociadas a narcotráfico, lavado de activos y otros, se invierta la carga de la prueba, obligando al imputado poseedor de bienes a justificar su origen bajo sanción de incautación y liquidación en caso de imposibilidad de hacerlo.

El innegable avance criminal requiere de acciones urgentes, eficaces e innovadoras que permitan frenarlo oportunamente, ya que hoy constituye la principal amenaza a la paz social, gobernabilidad y nuestro sistema democrático.

Felipe Harboe Bascuñán
Abogado