Hoy se cumple un año desde que se decretó el estado de emergencia en la macrozona sur por parte del actual Gobierno. Cabe recordar que el primero en democracia había sido decretado por el expresidente Piñera, que permitió, según datos de Carabineros, la reducción de un 40% de los hechos de violencia. Iniciado el Gobierno del Presidente Boric, tomó la decisión (errada) de no renovarlo, significando ello los 50 días más violentos de 2022 en la macrozona sur, con un aumento de un 53%. Debido a lo anterior, finalmente se decide decretar el actual estado de excepción bajo la modalidad de “acotado”.

Una mirada general a un año del estado de emergencia en una comparación espejo con el mismo tiempo inmediatamente anterior, permite evidenciar una disminución de un 28% de los hechos de violencia. Profundizando ese análisis en los delitos en particular: las usurpaciones y los atentados y amenazas a la autoridad tienen la mayor reducción, un 80% y un 47%, respectivamente. En menor medida, la disminución de los atentados incendiarios con un 26%. Lo anterior permite concluir que el trabajo de excelencia y colaborativo de las Fuerzas Armadas y las policías es necesario, contrario a lo que pensaba el mismo Presidente Boric apenas arribó a La Moneda.

Con todo, hay una realidad, los hechos de violencia siguen materializándose, afectando gravemente a familias mapuche y no mapuche. En efecto, en las cuatro provincias bajo el estado de emergencia “acotado” hubo 1.053 actos delictuales, 591 bienes destruidos (escuelas, iglesias, viviendas, fuentes laborales, entre otros) y ocho homicidios. A esto se debe agregar que la amenaza delictual de las orgánicas radicalizadas y terroristas cada vez es más compleja, hoy se coordinan y su poder de fuego es mayor. Además, a las siete orgánicas ya existentes, entre ellas la CAM, se sumaron otras tres: la Resistencia Mapuche Cautín, la Resistencia Mapuche Williche y la Resistencia Mapuche Pehuenche.

Asimismo, no debe olvidarse que por primera vez se materializaron atentados por la orgánica Weichan Auka Mapu en Ñuble y O'Higgins, expandiendo la violencia. De igual modo, no solo hay que mirar las regiones con estado de emergencia, sino también aquellas que viven con la violencia, pero que no están bajo la medida de excepción: Los Ríos y Los Lagos aumentaron en 2022 los hechos de violencia un 7% y un 109%, respectivamente. Y si el análisis se hace comparando la violencia de 2022 y 2023 bajo el estado de emergencia del expresidente Piñera y el del Presidente Boric (1 de enero al 26 de marzo), Malleco refleja la percepción que muchos tienen en La Araucanía con un aumento de un 39%.

Sin embargo, sigue faltando lo principal, el problema sigue diagnosticándose erradamente por parte del Gobierno. No hay un reconocimiento real del terrorismo en la macrozona sur. El grave atentado al Molino Grollmus en que el Presidente Boric dijo que tenía “un carácter terrorista” quedó simplemente en eso, palabras. No existe una sola querella del Gobierno por delito terrorista, los dos proyectos de ley sobre la materia llevan 1.477 y 3.109 días tramitándose sin urgencia alguna por parte del Presidente Boric y tampoco hay una estrategia antiterrorista que mire el especial flagelo delictual desde los cuatro pilares básicos: prevención, protección, persecución y respuesta a las víctimas. Esto resulta crucial.

Sin el reconocimiento del terrorismo, sin atribuciones reales para combatirlo y sin una estrategia para desarticular las orgánicas radicalizadas y terroristas, el estado de emergencia seguirá siendo una herramienta necesaria, pero insuficiente, ahí está el principal desafío del Gobierno.

Pablo Urquízar M.
Excoordinador nacional de Seguridad de la Macrozona sur