La fórmula para conseguir la paridad de género en la reciente elección de consejeros constitucionales ha sido uno de sus aspectos más controvertidos y discutibles. De una complejidad inusitada, muy pocos ciudadanos entendieron el mecanismo utilizado, si bien todos comprenden cuál es el sentido y el propósito que perseguían los parlamentarios al definirlo. No todos están de acuerdo con esos objetivos, pero se entiende que se trata de una finalidad estimable, aunque el mecanismo diseñado no puede ser más inconveniente ni traer peores consecuencias para un principio básico de la democracia, que consiste en que cada persona tiene un voto y que cada voto cuenta igual que cualquier otro.

El mecanismo diseñado no respetaba esta regla y, con la finalidad de alcanzar un equilibrio entre hombres y mujeres, siete candidatos ganadores debieron resignar su designación para ceder el cargo que legítimamente habían obtenido por decisión de la ciudadanía a otro candidato de su misma tendencia política, pero de distinto género. Para complicar más las cosas, la fórmula de “corrección” se aplicó a nivel nacional y no por circunscripción, de modo de asegurar que la suma total de cada sexo fueran 25 cupos. Ello llevó a situaciones tan insólitas como que la elección de un consejero en Tarapacá obligó a reemplazar por una mujer a quien había sido elegido por el mismo partido en Coquimbo. Cuando se habla de la urgencia de relegitimar la política, mecanismos como este, de difícil comprensión y polémico efecto, arriesgan ahondar aún más el distanciamiento ciudadano.

Así, los resultados llevaron a que el exsenador socialista Ricardo Núñez o el expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio Juan Sutil, además de otros cinco candidatos, que obtuvieron altas votaciones, fueran reemplazados por personas mucho menos conocidas y con experiencias más limitadas. Pero lo más significativo es que quienes los desplazaron obtuvieron menor respaldo electoral, con diferencias de votaciones muy significativas que llegaron a ser menos de la octava parte de uno respecto del otro.

El propósito de conseguir una mitad exacta de hombres y mujeres puede ser valioso, aunque también está abierto a discusión, en particular cuando se pretende anteponerlo al principio básico de la igualdad del voto. Hay muchas personas que defienden el equilibrio exacto entre candidatos y candidatas de un mismo partido; también existen quienes defienden esa idea, pero solo para listas que pueden ser integradas por varias colectividades. Pareciera que son menos, en cambio, los que creen que esa regla debe cumplirse después de la elección con los candidatos elegidos. El primer experimento en esa línea en un órgano del Estado fue la elección de la pasada Convención Constitucional, cuando —luego de una fuerte presión de movimientos feministas— se utilizó un mecanismo parecido al empleado ahora, con el paradójico efecto de terminar perjudicando a mujeres que, pese a tener mayor votación, fueron desplazadas por hombres. Antes se había ensayado algo semejante en agrupaciones de la sociedad civil, como el Colegio de Abogados, con resultados igualmente polémicos.

Ninguna de las democracias bien establecidas y respetadas tiene un sistema similar que asegure el equilibrio después de ocurrida la elección con desplazamientos de candidatos ganadores por candidatos perdedores, pues ello significa atentar contra los principios igualitarios de la democracia. Es posible encontrar diversos mecanismos que aseguren la mayor participación de la mujer, incluso la paridad perfecta, pero el sistema que recién se ha utilizado no parece ser aceptable. Se ha hablado de confeccionar listas separadas de hombres y de mujeres, dando la posibilidad de que el votante elija en cuál de las dos pone su voto. También se ha postulado que existan dos sufragios. No faltan quienes afirman que, si se trata de buscar similar representación de cada género, deberían los hombres votar por los hombres y las mujeres por las mujeres. Más allá de la ironía de este último planteamiento, es necesario un debate en serio sobre la forma de constituir los cuerpos colegiados, que signifiquen un estímulo a la participación femenina, pero que respete las más valiosas y arraigadas ideas de la democracia.