La dirigencia republicana ha dado señales de tener claro que para capitalizar políticamente el éxito obtenido este domingo, debe conseguir que se apruebe la propuesta de Constitución que debe elaborar el Consejo Constitucional. También parece tener claro que la probabilidad de esa aprobación disminuye si junto a los representantes de Chile Seguro aprueban un proyecto que sea percibido como de derecha. Su éxito depende entonces de su disciplina para reprimir su natural y legítima inclinación ideológica.

El desafío no es insalvable. Bastaría con reconocer que la Constitución debe establecer las reglas que permitan el buen funcionamiento del sistema democrático. Su función no es señalar la dirección que debe guiar a la acción del Estado. Esto último corresponde a cada gobernante, por el tiempo que legítimamente la Constitución le conceda en el cargo. La dirección de la acción del Estado es por tanto algo que está constantemente sometido al juego democrático y que siempre se fija de modo provisorio, jamás definitivamente.

Reconocido lo anterior, el consenso no debiera resultar demasiado difícil. Porque la mayor parte de las discrepancias entre las principales fuerzas políticas no se refiere a cuestiones propiamente constitucionales. Una ojeada a las principales y más exitosas constituciones del mundo permite constatar que la regulación del aborto, del uso del agua, de la protección ambiental, del sistema de pensiones o del sistema de salud, no es materia constitucional. Su constitucionalización, aunque posible, reduce peligrosamente la base consensual que se requiere no solo para que la Constitución sea aprobada plebiscitariamente, sino para que mantenga su legitimidad en el tiempo.

En teoría, esto no parece difícil. La tarea de los políticos consiste, sin embargo, en ofrecer a la ciudadanía una visión de la dirección que debe adoptar la acción política. Al igual que el escorpión que debe reprimir su naturaleza para no picar a la rana sobre cuyas espaldas cruza el río, el político debe refrenar su impulso a plasmar dicha visión en el texto de la Constitución que le toca elaborar. Como el escorpión, los convencionales constituyentes fueron fieles a su naturaleza y fracasaron. ¿Tendrán los consejeros constitucionales la lucidez para distinguir su ideología de lo propiamente constitucional? ¿Y tendrán la fortaleza requerida para postergar sus preferencias ideológicas, teniendo los votos para incorporarlas en el proyecto de Constitución?

El comité de expertos podría ayudar. Conoce las constituciones de otros países. Tiene los conocimientos técnicos para distinguir aquellas cuestiones que necesariamente deben ser reguladas en la Constitución de aquellas otras que, aunque formen parte del núcleo de los principios de los partidos políticos, deben quedar entregadas a la política ordinaria. Pero hasta ahora, más que expertos, han sido delegados expertos de los partidos políticos que patrocinaron sus designaciones. Así se constata en una mirada a las indicaciones que han presentado al texto hasta ahora aprobado. Para hacer la única e irreemplazable contribución que cabe esperar de ellos, debieran tomar distancia de dichos partidos.

Esto no aseguraría el éxito. Será todavía necesario que los consejeros resistan la tentación de recargar la Constitución en contra de la propuesta que les haga la Comisión de Expertos. Y, en todo caso, hay ineludibles desavenencias propiamente constitucionales que requerirán diálogo. Pero mucho se habrá avanzado si los consejeros constitucionales postergan sus objetivos programáticos. De lo contrario, el rechazo en el plebiscito es probable. Y si a pesar de ello se aprueba, la nueva Constitución no logrará cerrar el problema constitucional.

Rodrigo P. Correa G.
Facultad de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez