Fue durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que el voto pasó de ser obligatorio a voluntario, y la inscripción en el Registro Electoral, obligatoria, por una reforma constitucional de 2009. Se decía que con eso se incentivaría el voto de los ciudadanos, sobre todo de las personas más vulnerables, y que no reportaría un nocivo perjuicio a la democracia.

Pero no fue esto lo que sucedió y cada vez fueron menos los votantes que decidieron ejercer el derecho a sufragio. Más de diez años más tarde y transcurridas varias elecciones, se observa una caída estrepitosa en la participación electoral, con niveles menores al 50% para las elecciones presidenciales, y menores al 40% para las elecciones de alcaldes y concejales. El Presidente Sebastián Piñera, en las elecciones de 2017, fue votado por 3,7 millones de electores, equivalentes al 54,6% de los que concurrieron a votar, pero en la realidad aquella cifra representa solo el 26,4% del padrón electoral. En la segunda vuelta en que triunfó Gabriel Boric sufragaron solo 8.363.910 de un padrón electoral de 15.030.973, por lo que la abstención alcanzó el 44% de los votos.

Se trata entonces de una verdadera ficción de representación ciudadana que no se compadece con la participación democrática de la ciudadanía. Por eso en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022 se prefirió el voto obligatorio. De hecho, el Servel notificó a los juzgados de policía local para que se cursen multas para aquellas personas que no concurrieron a votar en ese plebiscito.

En las elecciones de los consejeros constitucionales del pasado domingo 7 de mayo, el voto fue obligatorio, con sanciones de multa, para los ciudadanos que estuvieran en el país, salvo que se hallaran enfermos, ausentes del territorio, se encontraran a más de doscientos kilómetros de su domicilio electoral o presentaran otro impedimento grave. Las multas a beneficio municipal se fijaron en un monto de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales.

Finalmente, una reforma constitucional que culminó con la ley Nº 21.524, de 4 de enero de 2023, suprimió la frase “voluntario” del artículo 18 de la Constitución, y dispuso que “el sufragio será obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo en las elecciones primarias. Una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, los electores que estarán exentos de ellas y el procedimiento para su determinación”.

Es clarísimo que el experimento del voto voluntario no ha fortalecido nuestra democracia y ha alejado a los ciudadanos de las elecciones no solo presidenciales, sino también de alcaldes y concejales, de gobernadores y sobre todo de diputados y senadores. Cada vez es menor la participación de los ciudadanos en estos procesos electorales y más aún de los electores de sectores más vulnerables, como zonas rurales, poblaciones y campamentos.

Por ello nos parece correcto que se haya reformado la Constitución para restablecer el voto obligatorio, pero no tenemos noticia de que se haya presentado un proyecto de ley orgánica constitucional para establecer las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, así como las exenciones que se establezcan, ya sea para los residentes en el extranjero, o para aquellos que están imposibilitados por enfermedad o por hallarse a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral.

Para ello sería necesario dejar constancia en la comisaría de Carabineros más cercana y dar atribuciones al mismo Servicio Electoral para que aplique estas multas, y así no sobrecargar a los juzgados de policía local, sin perjuicio del derecho de reclamar por la multa ante dichos juzgados.

Si el deber se queda en un mero enunciado constitucional y sin que se apliquen sanciones porque no se ha dictado la ley orgánica constitucional que las establezca, se mantendrá la obligatoriedad del voto, pero con mero carácter simbólico y sin consecuencias prácticas.

Sin sanciones efectivas no es posible exigir a la ciudadanía que ejerza lo que es el sufragio, que consiste en un derecho pero también en un deber.