Casi 12,5 millones de personas fueron a votar el pasado domingo. Esto equivale a poco más del 82 por ciento del padrón. El voto obligatorio ha estado a la base de esta elevada participación. En la elección de 2021, en la primera vuelta presidencial (que también elegía parlamentarios), la participación fue de 47,3 por ciento; en la segunda vuelta subió, en un contexto de alta tensión política, a 55,6 por ciento, muy por debajo del guarismo de esta última votación. Estos antecedentes hay que tenerlos en cuenta a la hora de evaluar los 2,1 millones de sufragios nulos que hubo en este proceso (a ellos deben sumarse 569 mil votos blancos). Si se analizan apropiadamente, es difícil atribuirle a este fenómeno un alcance político particular. Por supuesto, puede existir el interés de hacerlo. Más todavía si algunos sectores de izquierda radical apelaron a votar nulo como una manera de desconocer el proceso constitucional que, en su momento, acordó el Congreso con el apoyo del Ejecutivo.

Sin embargo, aunque el número de sufragios anulados es significativo, los antecedentes disponibles no permiten llegar a la conclusión de que dicho llamado le hubiera hecho sentido a la población o que, al menos, hubieran operado como una forma de manifestar insatisfacción con el proceso. Para desarmar esa interpretación basta con mirar algunas votaciones previas en Chile y la evidencia comparada. Cabe recordar, por ejemplo, que en la elección presidencial de 2021 hubo 57 mil votos nulos (y 31 mil blancos). Pero, en cambio, en la de diputados, realizada el mismo día, los nulos alcanzaron a 339 mil (y los blancos fueron 405 mil). ¿Qué mensaje político se querría enviar teniendo este dispar comportamiento? La verdad es que ninguno. La explicación más plausible podría vincularse con el poco entusiasmo de esos votantes por participar en una elección que, en términos relativos, era más compleja: se debía escoger entre muchos candidatos sobre los que se tenía poco conocimiento. Este es un fenómeno que debería acentuarse en las elecciones obligatorias que congregan a más votantes, muchos de ellos sin mayor interés y que, en general, preferirían no tener que ir a sufragar. La evidencia apunta a que en estas circunstancias suben en forma importante los votos inválidos. El año pasado en Australia —que tiene sufragio obligatorio— se planteó la discusión a propósito de los votos nulos y la heterogeneidad que se observaba en este comportamiento, con distritos donde ellos superaron el 20 por ciento. No se concluyó, sin embargo, que esos votantes quisieran expresar algún tipo de cuestionamiento político. Ello es consistente con las observaciones realizadas en otros países con sufragio obligatorio.

La experiencia chilena parece validar esa evidencia. Así, por ejemplo, los votos válidamente emitidos subieron desde 6,3 millones en la elección parlamentaria de 2021 a 9,8 millones en la del domingo. En este contexto, el aumento, entre ambas elecciones, de 1,76 millones en los votos nulos y de 164 mil en los blancos no debe sorprender tanto. En efecto, significa que dos de cada tres votantes que se sumaron producto de la obligatoriedad emitieron válidamente su sufragio. No parece un mal resultado atendido que las participaciones en las elecciones previas estaban por debajo del 50 por ciento. Las personas van a los locales de votación motivadas en muchos casos por el temor a la multa, pero eso no significa que estén dispuestas a expresar una preferencia. En el caso particular de Chile, además, la elección era compleja y poco informada (baste recordar la pobrísima campaña de difusión realizada por el Gobierno). Este desconocimiento no solo se refería a los candidatos que se presentaban, sino también al proceso en marcha y el rol específico que cumplirían los elegidos. En ese sentido, la evidencia disponible sugiere que el caudal de votos nulos es perfectamente explicable sin necesidad de asignarle una interpretación política especial.

Indudablemente, el oportunismo político que a menudo se despliega en nuestro país querrá darle a lo ocurrido una explicación a su conveniencia. Al hacerlo, se revela, en realidad, un escaso aprecio por la democracia representativa. Ello se traduce habitualmente en el interés de reemplazarla por mecanismos alternativos de generación de los organismos colegiados o de toma de decisiones, alejándolos de poder reflejar las posiciones de toda la ciudadanía. Pero otra manifestación de la misma actitud es precisamente el empeño por reinterpretar mañosamente los resultados de procesos electorales complejos, intentando por esa vía alterar momentos políticos que les son desfavorables. No es una estrategia que tenga posibilidades de rendir frutos entre los ciudadanos.