La Comisión Experta ha avanzado sustantivamente en un diagnóstico correcto sobre los problemas de funcionamiento del sistema político. En particular, en lo referido a la disfuncionalidad de un sistema de partidos altamente fragmentado. Menos consenso existe, sin embargo, sobre los remedios que deben ser incluidos en la propuesta constitucional. Lo anterior se debe, en parte, a la existencia de supuestos equívocos sobre los efectos de ciertos mecanismos de diseño electoral.

Vamos por partes. Primero, la magnitud distrital. Algunos estiman que reducir la magnitud a cinco escaños máximo por distrito en la Cámara de Diputados perjudicaría a los partidos oficialistas. No hay evidencia en ese sentido. Sí sabemos, sin embargo, que una menor magnitud distrital puede mitigar la fragmentación del sistema de partidos y reducir el número de legisladores electos con votaciones ínfimas. Como la magnitud es un incentivo parejo para todas las fuerzas políticas, no es obvio que la izquierda se vea perjudicada. Quizás el determinismo histórico induce a concluir que, dado que dicho sector suele agrupar más etiquetas partidarias, tal dispersión se mantendrá en el futuro con incentivos a la competencia distintos. Si no se reduce la magnitud distrital actual, otros dispositivos que buscan disminuir la cantidad de partidos difícilmente lograrán dicho objetivo.

Segundo, las listas cerradas. Se ha argumentado que esta alternativa perjudicaría electoralmente a la centroderecha. Se trata de un razonamiento, en el mejor de los casos, inductivo. A nivel comparado, la derecha gana elecciones y es competitiva en España, Alemania y Uruguay, por mencionar algunos. En todos esos casos existen listas cerradas. La razón subyacente es la misma del punto referido a la magnitud: el incentivo es homogéneo para todos los competidores. Si se estima que los partidos son insustituibles para el funcionamiento de la democracia representativa, esta alternativa es un camino conducente al fortalecimiento de estas organizaciones.

Tercero, los pactos electorales. Se ha sugerido, también en estas páginas, que los pactos explicarían la formación de coaliciones exitosas, como la Concertación. Si bien se trata de un argumento plausible, cabe considerar el efecto de otros factores históricos o institucionales, como la magnitud del antiguo sistema binominal (M=2). Sobre este punto, también debe tenerse en cuenta que la persistencia de los pactos puede mitigar el efecto reductor de bajar la magnitud distrital o del umbral. La mantención de los pactos es funcional a los sectores que muestran altos niveles de división partidaria.

Otros aspectos que siguen siendo debatidos por los expertos en la fase de enmiendas deben ser abordados sin perder de vista el motivo original por el que fueron incluidos en el debate. Por ejemplo, si la debatible figura del umbral del 5% se mantiene en la propuesta, no tiene sentido incluir excepciones demasiados laxas, como permitir la federación de partidos que no alcancen el umbral después de la elección. Con ello, se podrán crear partidos “atrapa todo”, programáticamente incoherentes. Esto último tampoco parece integrarse con otra innovación ya acordada, que es realizar la elección parlamentaria de forma concurrente con una “eventual” segunda vuelta.

Como parece poco probable que los políticos incumbentes cambien las reglas electorales, el proceso constitucional es una ventana de oportunidad única. Se ha avanzado en un debate de buen nivel en la Comisión Experta. Sin embargo, la negativa a introducir cambios, en particular la oposición a reducir la magnitud distrital, constriñe el efecto potencial de las innovaciones al sistema electoral. De igual forma, es importante pensar detenidamente en la consistencia interna de las alternativas y evitar supuestos excesivamente inductivos sobre sus potenciales efectos.

Andrés Dockendorff
Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile