La diplomacia ha hecho un buen trabajo. Descomprimió el conflicto entre Perú y Chile derivado de centenares de venezolanos que intentaban ingresar, sin visa, desde Chile a Perú. Venezuela, el principal responsable, finalmente, enviará un avión para repatriar a sus connacionales.
Ninguno de los tres gobiernos mantiene buenas relaciones entre sí. De allí el mérito de las tres cancillerías por alcanzar acuerdos satisfactorios para evitar una tragedia humanitaria y restablecer la libre circulación en la frontera chileno-peruana.
Perú está en todo su derecho de impedir con firmeza el ingreso ilegal de extranjeros. Los países son soberanos para regular la migración. A la vez, Perú está en la razón al sostener que no le corresponde asumir responsabilidades ajenas, derivadas de la incapacidad chilena para controlar y sancionar los ingresos clandestinos.
Importante es destacar la ninguna colaboración de Bolivia, fuente principal del narcotráfico y del 80% de los ingresos clandestinos a Chile.
Hay que asumir y estar bien preparados ante crisis migratorias, las que pueden agravarse indefinidamente. En los próximos cincuenta años la población mundial podría aumentar en mil millones de personas. Millones intentarán buscar mejores oportunidades en el extranjero.
El manejo de la problemática migratoria corresponde principalmente al gobierno interior, que debe velar por la seguridad del Estado, controles fronterizos, portuarios y aeroportuarios, permisos de permanencia de extranjeros, su inclusión y, cuando corresponda, la expulsión ya sea administrativa o por decisión de los tribunales de justicia. A la luz de los acontecimientos y de la creciente preocupación ciudadana, está fallando en varias de estas instancias, como se evidencia en la falta de voluntad para materializar miles de expulsiones de extranjeros con prontuarios penales o que han ingresado ilegalmente. Se sabe que en esta materia la debilidad en los controles y las señales poco claras agravan el problema, pues alientan masivos ingresos ilegales. Así ocurre en Chile como en otros países.
No se vaya a creer, por el correcto desenlace del conflicto en la frontera peruana, que la crisis migratoria está en vías de solución y que es responsabilidad de la Cancillería, limitada a extender visas consulares, negociar acuerdos y colaboración entre los Estados y contribuir a solucionar, con gobiernos extranjeros, episódicos desencuentros. La Cancillería no puede asumir ni le corresponde solucionar las fallas del gobierno interior en la gestión migratoria, que incidirán en los resultados de las elecciones de este domingo.