En 2001 Sonia Arce Esparza denunció al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por vulnerar los principios de igualdad y no discriminación dentro de su Código Civil, en particular en la normativa relativa al régimen patrimonial de sociedad conyugal. Casada bajo este régimen, Sonia se había visto imposibilitada de tomar decisiones sobre una propiedad heredada porque la normativa le otorgaba la administración de los bienes de la sociedad conyugal a su marido.

Por este caso, en 2007 el Estado suscribió ante la CIDH un Acuerdo de Solución Amistosa en el que se comprometía, entre otras cosas, a promulgar una ley para reformar el régimen de sociedad conyugal y terminar con la discriminación que afectaba a miles de mujeres en Chile. Dieciséis años después de suscribir aquel acuerdo, el Estado chileno continúa en deuda con Sonia Arce, con la CIDH y con todas las mujeres casadas bajo el régimen de sociedad conyugal. La solicitud no es solo de la denunciante ante la CIDH. Mujeres dirigentes de las pymes, pequeñas agricultoras campesinas y jóvenes profesionales, entre otras, me han instado durante este año a buscar una solución.

No han faltado los esfuerzos ni el trabajo para reformar la sociedad conyugal. Existe un proyecto de ley ingresado en 2011, discutido entre parlamentarias y parlamentarios y también con la sociedad civil. Como gobierno, dimos continuidad a este trabajo, dialogando con expertas y expertos, con organizaciones sociales, de mujeres y feministas y con los equipos del Senado en búsqueda de acuerdos, y es así como hemos reactivado la discusión del proyecto de ley con el compromiso de la comisión de Mujer e Igualdad de Género del Senado de tramitarlo con la mayor celeridad posible.

Queremos saldar una deuda de muy larga data en nuestro país y terminar con una histórica discriminación que ha afectado a miles de mujeres en Chile. Queremos una normativa a la altura de un Estado de derecho, que no discrimine por sexo, raza, origen, idioma u otro determinante y que garantice efectivamente la igualdad de las personas ante la ley. Esperamos que a 16 años de la respuesta del Estado todos los actores actuemos a la altura.

Antonia Orellana Guarello
Ministra de la Mujer y la Equidad de Género