Señor Director:

Cuando lo que se considera un delito tiene amplia repercusión social, el planteamiento habitual de nuestras autoridades de gobierno, del Parlamento y de municipalidades, de cualquier nivel, del Presidente hacia abajo, es uno: “Haremos caer todo el peso de la ley sobre quienes resulten responsables” (no he visto de un jurisconsulto una explicación sobre ese dicho).

Uno se imagina a un delegado presidencial, alcalde o diputado con un puño grande y pesado, tipo Iron Man.

Si unos meses después los procedimientos y resultados se comparan a la promesa inicial, nos situamos en un terreno conocido: nuestro usual realismo mágico.

La querella fue mal presentada, o las pruebas eran inadecuadas, o no se han encontrado a los responsables, o fueron dejados en libertad, o no se pudo entrar en una comunidad, etcétera.

La autonomía de los tribunales de justicia y de la Fiscalía lleva a fallos y decisiones distintos a los esperados por el puño de hierro. Además, tenemos una reducida capacidad de las policías para una investigación eficaz y para tareas de inteligencia que anticipen los hechos.

Todo eso conduce a pensar que en el apresuramiento atropellado para declarar, la levedad impera. Definitivamente, prefiero los cómics a la grandilocuencia.

Hugo Lavados Montes