El desarrollo de la autopista AVO II, que finalmente cerraría el anillo de Américo Vespucio en alto estándar, podría verse retrasado por hallazgos arqueológicos. El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ordenó un rescate de esos elementos antes de permitir comenzar las obras. Así, estas probablemente no podrán partir en julio, como estaba planificado. Esto se debe a la lentitud de los procedimientos del CMN, los que en la práctica tardan el doble de los plazos legales y, además, están concatenados, por lo que no pueden avanzar en forma paralela.

Aún peor es la situación del proyecto para modernizar la ruta a Farellones. Los impedimentos y obstáculos al desarrollo de proyectos han hecho que la empresa concesionaria lo abandone, aprovechando una cláusula del contrato de concesión. Ella le permitía desistirse del contrato si la Resolución de Calificación Ambiental tardaba más de dos años. El concesionario ingresó la solicitud de intervención arqueológica al CMN el 10 de diciembre de 2019, la que fue aprobada en junio de 2020. Es decir, una aprobación con un plazo de 60 días tardó casi seis meses. Dos años más tarde, el concesionario seguía realizando caracterizaciones arqueológicas y solicitando permisos para estos procedimientos. Así, no debe extrañar que el proceso de obtener la RCA haya tardado más de dos años y que la concesionaria haya decidido abandonar el proyecto. Es una lástima, porque la lentitud de los procedimientos y los obstáculos (no solo del CMN) impidieron concretar una obra que reduciría la congestión en uno de los principales atractivos turísticos de la Región Metropolitana.

Como una forma de acelerar la aprobación de proyectos, Hacienda entregó recursos extraordinarios para contratar a cinco profesionales en el CMN, así como en otras divisiones que otorgan permisos. Aunque en lo inmediato estos recursos deberían ayudar a reducir la lentitud de los procesos, es una mala respuesta en el largo plazo: contratar personal para reducir la ineficiencia de los procedimientos del Estado puede, luego de un tiempo, terminar agravando los problemas. La respuesta correcta es una modernización del Estado, agilizando sus operaciones, reduciendo los plazos efectivos de respuesta y disminuyendo los espacios de discrecionalidad que permiten retrasar las aprobaciones de proyectos para responder a pequeños grupos de presión.

No se trata de desvalorizar la información arqueológica, dada su importancia para conocer la historia de las localidades. Es necesario proteger o rescatar esa información y los elementos que pueden desaparecer debido a la construcción de grandes obras. Pero esto no significa paralizar el desarrollo bajo el argumento de que potencialmente algo podría perderse. Se deben equilibrar las necesidades de desarrollo y mejor vida de los ciudadanos con la protección y rescate de material arqueológico, así como del medio ambiente. No tenemos en la actualidad ese equilibrio: los procesos están concebidos para precaver cualquier riesgo potencial, a expensas de los proyectos. Esto tiene un enorme costo social, al elevar las dificultades o hacer imposible el desarrollo de proyectos que serían favorables para el país.

Sorprende, además, el contraste entre el interés por proteger aquellos bienes públicos potencialmente amenazados por proyectos de inversión con los escasos recursos asignados a parques nacionales y museos. Un equilibrio con menos trabas ambientales y arqueológicas a los proyectos y más recursos a esos parques y museos parece preferible. Además, permitiría el desarrollo y con ello disponer de más medios para, precisamente, proteger el medio ambiente y el patrimonio del país.