H ace tiempo que el problema de la violencia en el fútbol trascendió el ámbito meramente deportivo. Como han advertido exautoridades de gobierno, se trata ya de un grave asunto de orden público, que debe ser abordado al más alto nivel del Estado, como otra de las aristas de la crisis de inseguridad que afecta al país.

Los incidentes que obligaron a suspender el partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica, que se jugaba el domingo pasado en Concepción, volvieron a poner el tema en el primer plano. Aunque, en rigor, durante todo este año este tipo de hechos ha estado haciendo noticia, con episodios como el lamentable “clásico” entre Colo Colo y la Universidad de Chile disputado en marzo —que incluyó, además de bengalas y fuegos artificiales, el lanzamiento de una cortaplumas a la cancha— o lo ocurrido un mes después, en el partido entre el mismo Colo Colo y el cuadro venezolano Monagas, por Copa Libertadores, cuando barristas protagonizaron una violenta gresca. En el caso del encuentro jugado en Concepción, la suspensión se determinó luego de que material pirotécnico arrojado a la cancha cayera al lado de uno de los árbitros, dejando a este y a otras dos personas con trauma acústico; en total, hubo seis lesionados y 22 detenidos.

Tras los incidentes, mientras las autoridades de Estadio Seguro responsabilizaban al club organizador —Universidad de Chile—, los dirigentes deportivos demandaron el “retorno” de Carabineros a los estadios. Ello, pues, la ley obliga a los propios clubes a garantizar la seguridad durante los espectáculos, asumiendo, entre otras medidas, la contratación de guardias. Los dirigentes sostienen que este modelo es insuficiente porque los guardias carecen de atribuciones para imponer el orden. Cabe observar, sin embargo, que, en rigor, Carabineros no ha salido de los recintos deportivos y sigue cumpliendo un papel supervisor, además de actuar frente a las situaciones de desborde. Evidentemente —y junto con sancionar incumplimientos—, corresponde revisar la forma en que ha operado la normativa y estudiar cambios que mejoren su eficacia. En el actual estado de cosas en el país, sin embargo, parecería un despropósito sacar todas las semanas de las calles a cientos de policías para resguardar partidos.

Con todo, más allá de esas discusiones, lo que estos hechos ponen en evidencia es la necesidad urgente de definir una política integral para enfrentar y desarticular el fenómeno de las barras bravas. Son estas las que han estado tras cada uno de esos incidentes. De hecho, en el caso del partido del domingo, sus posteos previos en redes sociales incluyeron un anticipo —“Los de Abajo contra todos, ni c... nos van a callar”— de lo que luego efectivamente ocurrió. Y es que, pese a que el país lleva tres décadas haciendo modificaciones legislativas para enfrentar la violencia en los estadios, las barras bravas solo parecen ver crecer su poder. El episodio de la semana pasada en el Monumental —cuando el cortejo fúnebre de un barrista de la Garra Blanca entró al recinto, pasando por sobre cualquier medida de seguridad— podrá parecer anecdótico, pero da cuenta del descaro de estos grupos. Más graves aún son, por cierto, las denuncias sobre personas condenadas por la justicia que burlan impunemente la prohibición judicial para ingresar a presenciar partidos. Hay abundantes indicios de participación de elementos del narco en estas barras y sus propias acciones públicas —como las amenazas o el lanzamiento ilegal de fuegos artificiales— tienen muchas veces connotación delictiva, sin que nada parezca contener su avance. Al contrario, su participación en los hechos de octubre de 2019 y de los meses posteriores les hizo ganar loas que hoy deben avergonzar a quienes las profirieron, como el entonces diputado Giorgio Jackson, quien destacaba en un tuit cómo el ver unidos a los hinchas de la Garra Blanca y Los de Abajo era “una muestra de lo transversal que es la protesta”.

Tal vez esa admiración explique por qué el programa del Presidente Boric, al tratar de las políticas deportivas, fue especialmente escueto respecto del problema, limitándose a señalar que “cambiaremos el plan Estadio Seguro por un programa de barrismo social y comunitario”, por cierto, sin explicar en qué consistiría aquello. Como en tantas otras materias, también en este ámbito las actuales autoridades deberán definir una política muy distinta de aquella que propugnaban cuando eran oposición y buscaban llegar al poder.