En el reciente encuentro de Enade resurgió la conversación sobre el crecimiento. El tema había quedado sepultado en los últimos cuatro años por el estallido del 18-O, la reforma constitucional, la discusión sobre la ampliación de los derechos sociales y las propuestas de reformas tributarias y de pensiones del gobierno del Presidente Boric. Enhorabuena. El crecimiento es esencial para generar más y mejores empleos y recursos en forma sostenible para enfrentar las demandas sociales y para mejorar los estándares de vida de la población.

En Enade, el ministro Marcel mencionó que las iniciativas para agilizar la tramitación de proyectos y la estrategia del litio contribuirían a llevar el crecimiento potencial a 4% anual el 2026. Este objetivo es ambicioso, considerando el deterioro de los determinantes del crecimiento potencial desde mediados de la década pasada —lo que ha llevado su tasa de crecimiento al orden del 2% anual— y que la experiencia chilena sobre la eficiencia de las empresas públicas no es de las mejores, especialmente en un sector que requiere desarrollar tecnología y avanzar rápidamente para beneficiarnos del buen momento del precio del litio. Adicionalmente, se suman las dificultades de las políticas industriales que, son parte de esta estrategia y que revisaré al final.

La tarea de elevar la tasa de crecimiento potencial no es nada fácil. Requiere de recuperar la estabilidad macroeconómica, un área en la cual hemos estado avanzando, y acometer reformas para impulsar sus determinantes más fundamentales. Tales reformas han sido identificadas en muchos estudios, pero la economía política ha impedido avanzar en su implementación.

El crecimiento potencial depende del crecimiento de los factores productivos (trabajo y capital físico, ambos ajustados por uso y calidad) y de su productividad combinada en la generación de producto, conocida como productividad total de factores (PTF) o productividad en corto. Estudios teóricos y empíricos muestran que los aumentos de la productividad permiten dar saltos significativos en el nivel de producto per cápita más allá de los ciclos económicos. En palabras del Premio Nobel de Economía Paul Krugman: “La productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo”.

De 1990 en adelante, Chile logró un gran salto en el PIB per cápita, que lo llevó a superar al nivel de los principales países de la región y a acortar su brecha con los países avanzados. Este salto permitió mejorar significativamente los indicadores sociales: mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer, acceso a la educación, al agua potable y alcantarillado, entre otros. También, Chile logró una gran reducción de la pobreza y una mejora en la distribución del ingreso. Según numerosos estudios y, en particular, los de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, CNEP, de 2021 y anteriores, plantean en el período de mayor crecimiento de Chile, entre 1991 y 1995, cerca de la mitad del crecimiento del PIB per cápita se puede atribuir al crecimiento de la productividad, y el resto a las expansiones del trabajo, ajustado por capital humano y el capital físico.

La contribución del crecimiento de la productividad se redujo a un poco menos de un cuarto en los períodos 1996-2000 y 2001-2005, fue negativa en el período 2006-2015 y más negativa aún en el período 2016-2020. Entre 2006-2015, la principal contribución al crecimiento del producto la hizo el stock de capital. Por su parte, en el período 2016-2019, destaca la gran caída en la contribución del capital, la que además tiene efectos en la productividad.

Para llevar el crecimiento del producto potencial al 4% se requiere trabajar en todos sus determinantes, tanto en la expansión de los factores productivos como de la productividad. Examinemos cada uno de estos factores. Por un lado, el envejecimiento de la población limita el crecimiento del trabajo (aumentado en capital humano) y aunque los trabajadores disponibles han aumentado tras la inmigración, el contenido de capital humano de la fuerza de trabajo de hoy y de los próximos años se ha visto mermado por el deterioro de la calidad de la educación y el cambio más reciente en la composición de la inmigración hacia personas menos calificadas. Al mismo tiempo, la pandemia afectó la inversión en capital humano por el cierre de escuelas públicas y la caída en la capacitación. Por otro lado, el crecimiento del stock de capital se ha moderado por la caída en la tasa de inversión y la menor disponibilidad de ahorro para su financiamiento. La demanda de inversión depende de la rentabilidad, la estabilidad regulatoria y el costo del capital. Este último ha subido tras la drástica caída del ahorro nacional, el aumento de la tasa de interés internacional y la necesidad de reducir el ahorro externo (déficit en cuenta corriente).

Por su parte, el crecimiento de la productividad ha sido afectado por obstáculos para reasignar recursos a sus usos más productivos, el lento progreso en la expansión del capital humano y los efectos de la baja tasa de inversión en las oportunidades para incorporar nuevas tecnologías.

Para aumentar el crecimiento potencial se requiere trabajar en remover los obstáculos en estas tres áreas. ¿Cuánto puede contribuir a esto la estrategia nacional del litio anunciada por el Presidente Boric la noche del jueves de la semana pasada y ampliada por el ministro Marcel y el vicepresidente ejecutivo de Corfo días después? Esta estrategia resalta el rol del Estado empresario y de la política industrial, tareas que están llenan de dificultades y cuyos potenciales efectos serían de muy largo plazo. Lo que es urgente ahora es buscar acuerdos para remover obstáculos al crecimiento potencial. En esa perspectiva, la iniciativa tendiente a agilizar los procesos de aprobación y ejecución de proyectos puede tener efectos más inmediatos. Al mismo tiempo, las reformas tributarias y de pensiones deberían hacerse cargo de la gran caída de la tasa de ahorro nacional y del importante aumento del costo laboral resultante de la legislación de jornadas de 40 horas semanales —sin suficiente adaptabilidad—, y del aumento pronunciado en el salario mínimo —sin un acompañamiento de medidas para aumentar la productividad—.

Además, la política industrial es un camino lleno de dificultades, como lo ilustra la experiencia chilena y mundial. Un estudio muy citado y reciente, que examina numerosas experiencias, resalta las dificultades de la política industrial: restringe la competencia, es muy difícil elegir empresas “ganadoras” y fomenta el lobby (Aghion et al., 2021). Por lo que, según los autores del estudio, los gobiernos deberían recurrir a políticas horizontales que tienen beneficios más ciertos y probados, tales como: (1) Invertir en la economía del conocimiento, especialmente la educación en todas sus etapas, que tiene sus propios beneficios, y además es un prerrequisito para mejorar la calidad de la educación superior y de la investigación y, a su vez, para mejorar en forma sostenible la distribución del ingreso y de las oportunidades; (2) Reformar los mercados laborales, mediante mejoras en los seguros de desempleo y la formación técnica y profesional, y de bienes y servicios para hacerlos más dinámicos y competitivos; y (3) Promover el desarrollo del capital de riesgo y privado para facilitar el financiamiento de la innovación.

En suma, las políticas más urgentes de implementar son aquellas que permitan aumentar la contribución al crecimiento del trabajo, el capital y la productividad. Ello, sumado a reformas del Estado para mejorar su eficiencia y la calidad de sus servicios, nos ofrecería un camino más seguro para enfrentar las demandas prioritarias de la población que, según la encuesta CEP de noviembre-diciembre 2022, corresponden a seguridad, pensiones, salud, educación y control del narcotráfico. Si esta tarea no se enfrenta con premura, las frustraciones se seguirán acumulando, lo que terminará fomentando atajos populistas que, en su búsqueda de soluciones fáciles, terminarán, más temprano que tarde, frustrando aún más las demandas de progreso de nuestra sociedad.