Siendo evidentes las falencias del Gobierno y larga la lista de situaciones urgentes insatisfactoriamente abordadas, la envergadura de los problemas demanda, sin embargo, una colaboración responsable de todos los actores públicos. En este sentido, la campaña electoral, que debiera haber sido oportunidad para una discusión seria respecto de nuestro ordenamiento institucional, parece haber agregado un factor más de crispación. Es difícil, en efecto, no ver en los posicionamientos tomados en estos días por distintos sectores un cálculo táctico respecto de cómo los comicios afectarán las correlaciones de fuerza. Ninguno ha mostrado ser ajeno a ello.

Desde luego, parece vergonzoso el contraste entre la modesta campaña lanzada esta semana por las autoridades para informar de la elección y el dispendioso despliegue que el Ejecutivo realizó a propósito del plebiscito de septiembre pasado, cuando el Gobierno —en un error de proporciones históricas— amarró su proyecto político con la propuesta constitucional de la Convención, jugando intencionalmente a polarizar el país.

Pero también la oposición se ha mostrado, durante estas semanas, fuertemente influida por las consideraciones electorales. Hay buenas razones para demandar mayor eficacia en los asuntos de seguridad pública. Dista, sin embargo, de ser una actitud responsable el declarar intempestiva e histriónicamente que “se acabó la paciencia”, para fundamentar una interpelación a la ministra del Interior y generar así un hecho político. Y es que, anticipando todas las proyecciones una derrota de las listas oficialistas, la derecha y la centroderecha parecen hoy más bien focalizadas en una competencia por la hegemonía del sector, donde el avance que las encuestas conocidas le atribuyen al Partido Republicano ha llevado a Chile Vamos a intentar un endurecimiento comunicacional. Efectivamente, los cambios de equilibrios dentro de la oposición que marquen estos comicios pueden ser un factor de alta relevancia hacia adelante. No es una actitud responsable, empero, transformar la elección de constituyentes en una suerte de batalla por quién se muestra más duro frente al Gobierno. La experiencia de la fallida Convención debiera ser el mayor disuasivo respecto de cómo las estridencias terminan agotando a la ciudadanía y volviéndose en contra de quienes recurren abusivamente a ellas.

Menor atención se ha prestado a otra disputa no menos trascendente, ahora en el oficialismo. Los pronósticos asignan un muy discreto desempeño a la lista formada por el PPD, la DC y el PR, y en cambio, el pacto del PS y Apruebo Dignidad concentraría la votación. Pues bien, la medición entre estas dos últimas fuerzas puede resultar decisiva para el rumbo futuro del Gobierno.

En particular, de cumplirse las proyecciones que asignan una ventaja a Apruebo Dignidad, el protagonismo que ha venido asumiendo el Socialismo Democrático quedaría desafiado, como lo han sugerido algunas figuras del PC, poniendo bajo signo de interrogación la línea a seguir por el Ejecutivo. La presión de diputados oficialistas esta semana por reinstalar en la agenda la condonación del CAE podría ser un adelanto de lo que se vendría, complicando aún más la ya compleja gestión de los ministros Tohá, Elizalde y Marcel.