La caída de la acción de SQM ha sido interpretada por muchos como el termómetro para medir la bondad o no de la política nacional del litio anunciada por el Gobierno. Evidentemente, una caída de casi 20% en el precio de esa acción no es común, y como tal es digna de análisis. Pero no es el valor bursátil de la principal minera no metálica del país la medida justa para evaluar la estrategia propuesta, sino su capacidad de generar mayor valor para el país y, de paso, maximizar los ingresos para el fisco.
Es posible que luego de las negociaciones se acuerde una prolongada extensión en los contratos de SQM con el Estado para explotar el litio en el norte en sociedad con Codelco, lo que podría ser positivo para su capitalización bursátil. Pero eso no transformará, de por sí, la política del litio en una buena estrategia, sino que reflejará una buena negociación para ambas partes.
Existe un procedimiento más simple y transparente. El Estado debería licitar cuotas de explotación del litio, cobrando los impuestos y royalties que correspondan, con contratos de largo plazo. Es muy posible que, en una licitación de este tipo, SQM se lleve una cuota importante, considerando su expertise y conocimiento del mercado. Pero no es en una negociación bilateral como se va a maximizar el valor que puede obtenerse del mineral. La lista de interesados es larga, por lo que un proceso abierto, donde las condiciones y los pagos estén claramente definidos, podría ser bastante competitivo. Este esquema es simple, relativamente rápido y el Estado podría aumentar significativamente sus ingresos sin poner ni un peso.
Pero el Gobierno ha tomado un camino distinto, enfatizando la necesidad de que el Estado sea accionista mayoritario y controlador de las empresas que operan el litio. Con esa añoranza de que la mejor manera de sacarle provecho al litio es con una empresa estatal —y olvidando que los recursos públicos tienen usos alternativos—, el anuncio del Gobierno amenaza con restringir el desarrollo de la industria. Es muy difícil que una empresa florezca si el accionista mayoritario no sabe del negocio, como reconoció el ministro de Hacienda. Las decisiones de inversión, los aportes de capital, las negociaciones colectivas o las políticas de dividendos no son baladíes, y la experiencia de otras empresas estatales similares en Chile así lo demuestra.
Pero quizá no haya que hilar tan fino para explicar esta decisión. La nueva estrategia del litio es más bien una antigua receta, que refleja que el encandilamiento del Gobierno con viejos esquemas de desarrollo está vivo. Quizá eso es lo que finalmente explique la desazón de muchos con este anuncio.