El anuncio del Presidente Gabriel Boric en Puerto Montt del proyecto de ley “Regiones más fuertes”, marca uno de los hitos más trascendentes en el proceso de descentralización del país y representa el paso más importante en materia de descentralización fiscal en 33 años de democracia. Junto a la elección democrática de gobernadores y el traspaso de funciones a los gobiernos regionales, cambiará la fisonomía del país, caracterizado históricamente por una alta concentración de recursos y poder de decisión en la capital.

Entre los aspectos más importantes de esta iniciativa se encuentran: (i) la disminución de brechas internacionales asociadas a ingresos, gasto e inversión cuando nos comparamos con países desarrollados; (ii) el posibilitar un salto en términos de modernización del Estado para impulsar la productividad e innovación a lo largo del país, y (iii) lograr combinar mayores grados de autonomía fiscal con más y mejores mecanismos de control, transparencia, rendición de cuentas y probidad en el uso de recursos públicos.

Como contexto para relevar la importancia de esta reforma podemos recordar que Chile es uno de los países más centralizados de la OCDE, según múltiples indicadores. Esta propuesta, en conjunto con otras medidas impulsadas por el Gobierno, como el proyecto del royalty, permitirán subir la participación de ingresos subnacionales en los ingresos fiscales totales de 17 a 20%, reduciendo en un tercio la brecha con la mediana de los Estados unitarios de la OCDE. Esto significará incrementar los ingresos totales de los gobiernos regionales en 20% y en 70% sus ingresos propios.

Sin lugar a dudas, esta reforma es uno de los componentes más importantes de la Agenda de Modernización del Estado, llevando más cerca de las personas las decisiones sobre inversiones, gestión del territorio y fomento productivo. Al reflejar preferencias de la comunidad, la descentralización fiscal eleva el bienestar y facilita la generación y desarrollo de ventajas comparativas en las regiones. La evidencia comparada muestra que mayores grados de autonomía fiscal en los niveles subnacionales son asociados positivamente con la actividad económica, y que la descentralización puede conducir a la eficiencia del sector público, la democratización y la estabilidad política.

Finalmente, esta iniciativa constituye una propuesta sólida y coherente, que combina mayores ingresos propios, mayor autonomía para su administración y mayor responsabilidad por la gestión de los recursos, fortaleciendo instancias de consulta, transparencia y rendición de cuentas. Estos cambios representarán un enorme desafío para los gobiernos regionales, las comunidades locales y el Gobierno central.

En el Gobierno central tendremos que aprender y acostumbrarnos a que decisiones importantes se adopten en los territorios. Los gobiernos regionales deberán desarrollar capacidades ejecutivas propias y una visión de largo plazo para orientar sus proyectos. Y las comunidades tendrán que ser más activas para participar, decidir y fiscalizar.

Estos desafíos constituyen una consecuencia insoslayable para un proceso de descentralización ambicioso y responsable como el que impulsamos y es también parte de los aprendizajes que se observan en todos los procesos exitosos sobre la materia en el mundo en los últimos 30 años. Esta experiencia nos enseña la necesidad de contar con un financiamiento coherente con las responsabilidades de los gobiernos regionales y exigirles cumplir con regulaciones y reglas fiscales que garanticen la disciplina fiscal, entre otras lecciones que esta iniciativa incorpora.

Desde el Ministerio de Hacienda participamos con entusiasmo en este cambio. Creemos que el centralismo no solo es injusto y frustrante para los habitantes de las regiones, sino que también es un freno a la innovación y a la productividad de la economía.

Mario Marcel Cullell
Ministro de Hacienda
Javiera Martínez Fariña
Directora de Presupuestos