Señor Director:

La Contraloría General de la República terminó la etapa indagatoria del sumario que abrió el año 2021 en la Municipalidad de Vitacura y acreditó traspasos irregulares de dineros.

A propósito de este hecho, cada vez con mayor frecuencia observamos que las municipalidades se ven envueltas en situaciones de corrupción. Dado lo reiterativo de este tipo de conductas y malas prácticas que se ha instalado en los municipios, la pregunta que surge es por qué no se ha logrado avanzar en mayor fiscalización y control de los recursos que manejan estas corporaciones.

No hemos visto que las municipalidades avancen, salvo contadas excepciones, en la implementación de programas de prevención de delitos o programas de ética y cumplimiento, como sí es un hecho a nivel de las empresas.

Es cierto que los municipios no pueden ser objeto de penalidades que conduzcan a su disolución, como ocurre con las empresas conforme a la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal Empresarial, sin embargo, la necesidad de proteger bienes jurídicos asociados a servicios públicos podría lograrse con estos programas y sus controles, que sin duda apuntan a la promoción y fortalecimiento de una cultura de hacer lo correcto, bienvenida especialmente en el espacio de lo público.

Patricio Eguiguren Muñoz