Este 7 de mayo votaremos por representantes para elaborar una nueva Constitución. Existe un cierto consenso de que debemos transitar a un Estado social y democrático de derecho. Para construir este Chile no solo debemos querer hacerlo, sino que también debemos aportar y cumplir nuestros deberes para lograrlo. Así lo muestra la nueva generación de constituciones, por ejemplo, Alemania y España, que, junto a declarar su voluntad de ser un Estado social, también plantean que los ciudadanos tienen el deber de contribuir a los gastos y bienes públicos.

Esto que puede parecer algo declarativo es importante, pues nos dice cuál es el deber ser como ciudadanos, y que todos, de Presidente a paje, debemos cumplir.

Conversábamos con unos colegas sobre este tema cuando escuchamos que el Índice de Evasión en Buses del Sistema de Transporte Público Metropolitano es de un 44%. Más de dos de cada cinco pasajeros en una micro no han pagado su boleto. Al respecto, un colega comentó que en una ocasión preguntó cuántos de los alumnos del magíster, donde hacía clases, habían pagado el transporte público en la mañana. Como era de esperarse, un gran número dijo que no lo había hecho y argumentaron que no lo hacían pues no se ofrecía un servicio digno, que era caro y que era un derecho.

Una primera reacción a este comentario fue plantear que, según el Observatorio de Movilidad Urbana, dependiente de dos instituciones multilaterales —CAF y BID—, Santiago tiene la mejor evaluación en términos de confort del transporte público entre 15 ciudades de Latinoamérica. Ranquea sexto entre 26 ciudades en términos de la caminata que debemos realizar para poder acceder al transporte público, y su precio, medido como fracción de un salario mínimo, es menor a 17 de las 25 ciudades latinoamericanas en la muestra. La nota de los ciudadanos al sistema de transporte de Santiago es un 5,2 sobre 7. Esto se logra con esfuerzo del Estado. De hecho, de los 13 sistemas de transporte público con información sobre el subsidio que entrega el Estado, Santiago está tercero.

Cuando conversábamos de estos datos, otro colega planteó que este no era el punto. Tenemos el deber de cumplir con la obligación que nos hemos establecido como sociedad. Estamos en democracia, y si no nos gusta cómo se está administrando el país, podemos cambiar a las autoridades, pero no podemos dejar de pagar lo que corresponde. La idea de que evadir es una forma de luchar o expresarse no corresponde en democracia. En Chile hoy, evadir no es más que robar.

En ese momento comenté que hace unos días, al ir a pagar una cancha de pádel, el dueño se demoró en darme la boleta, y ante la insistencia me comentó que él estaba harto de pagar impuestos y de que no se hiciera nada con ellos y que existía corrupción. El mismo argumento. Le comenté que a pesar de que tenemos un Estado que se ha quedado atrás y que tiene muchas falencias, como en seguridad, según Transparencia Internacional, Chile está en el lugar 27 de 180 países en términos de una baja corrupción. Pero, como ya había planteado mi colega y lo establece la ley, como ciudadanos tenemos el deber de cumplir con nuestra obligación de ayudar a financiar al Estado para que busque el bien común.

Se nos ha ido relajando la cultura y moral ciudadana. La evasión en buses era un 15% en 2008, en el primer trimestre de 2018 alcanzó un 26%, saltando a un 46% en el primer trimestre de 2020. Esto no es de extrañar si, inclusive, algunas autoridades que hoy tienen cargos en empresas del transporte público llamaban a evadir y no pagar hace un par de años. Tampoco ayuda que autoridades pasadas usaran información privilegiada, yendo contra la fe pública en el mercado financiero, para obtener ganancias monetarias. Es importante que se haga un mea culpa.

Pero esto no basta. Debemos volver a ser claros que como ciudadanos debemos cumplir nuestras obligaciones, y si no lo hacemos debe haber un castigo.

Desde el Ministerio de Transportes se ha planteado como objetivo bajar la evasión en buses del actual 44% a un 40%. Parece poco si pensamos que, según Tirachiniy y Quiroz (2016), la tasa de inspección en los buses no alcanza uno en mil, mientras que en Melbourne, para bajar su evasión de un 14%, se implementaron 63 inspecciones por cada mil viajes. Al igual, parece tímido no decir nada respecto que a nuestro Registro de Evasores del Transantiago es casi imposible de acceder y, por ende, no significa ningún costo para quien no cumplió su deber de pagar la micro. Algunos argumentan que es difícil bajar la evasión, pues ya está incorporada en el presupuesto de los hogares. Dejemos a las políticas sociales el apoyo a quienes más lo necesitan y no a quienes evaden.

Como nos hacen falta instrumentos para hacer cumplir nuestro deber como ciudadano en el transporte público, también nos hacen faltan herramientas para hacer cumplir el pago de nuestros impuestos. Cuánto tiempo más deberemos esperar para que el secreto bancario deje de proteger la evasión y elusión de impuestos, y para que tengamos un denunciante anónimo remunerado de las acciones evasivas que realizan algunos contribuyentes. Cuánto más deberemos esperar para que nuestra Norma General Antielusión tenga los estándares de los países OCDE.

Si queremos plasmar en la Constitución que Chile es un Estado social y democrático de derecho, también debemos dejar escrito en ella que el cumplimiento de esta finalidad requiere que cumplamos los deberes que tenemos como ciudadanos, entre ellos, pagar los servicios públicos e impuestos que nos establezcamos.

Alejandro Micco
Profesor Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile