Una encuesta realizada en ocho regiones reveló que existe poca información sobre el proceso electoral a celebrarse el próximo 7 de mayo. Aunque la disposición a votar se mantiene alta, al parecer ha habido pocas explicaciones sobre el método de renovación constitucional en desarrollo y la población no entiende cabalmente el mecanismo. Recién el lunes pasado, a dos semanas de la fecha, el Gobierno lanzó una campaña, relativamente menor, en la que se difunde la obligación de votar junto con otras características de la elección; esto, en contraste con el inmenso despliegue realizado a propósito del plebiscito del año pasado.

En los resultados de la indagación efectuada por la Universidad Diego Portales, se encontró que entre 1.012 personas hubo más de un 80 por ciento que dijo estar poco o nada informado del proceso. En los sectores de nivel socioeconómico bajo esa cifra llega al 90 por ciento. Si bien el estudio se hizo cuando aún faltaba un mes para la nueva votación, el interés y la información con que cuenta la población son bajos en comparación con casi cualquier otra elección nacional y, en particular, con la tentativa de cambio constitucional anterior. Esta vez, pareciera que nada estuviera ocurriendo. Los candidatos se desplazan por sus territorios, se transmite la franja televisiva y se ve uno que otro aviso caminero, pero la gente no se entera: a la fecha de la encuesta, un 66 por ciento decía no conocer a ninguno de los postulantes de su región.

Las explicaciones que se han buscado han sido variadas. Desde luego, todos los sectores parecen estar de acuerdo en que existe un cierto agotamiento con el tema constitucional, en buena medida, por la mala experiencia anterior con la Convención. Pero también ha habido un cambio en la disposición de ánimo del país, mucho más interesado ahora en los problemas cotidianos de seguridad y de temor a la delincuencia, unidos a dificultades económicas, lo que crea una gran distancia con las normas estructurales propias de una Constitución. El debate sobre estas, naturalmente, es más complejo y aparece como más lejano para el ciudadano medio.

La oposición ha acusado al Gobierno de mostrarse desinteresado en la labor de informar, lo que atribuyen a razones de conveniencia política coyuntural, puesto que la última votación, la del plebiscito del 4 de septiembre, con participación obligatoria y el increíble aumento en el número de votantes, coincidió con una resonante derrota para la izquierda. La interpretación que algunos han dado es que quienes antes se abstenían y en esa ocasión tomaron parte fueron los que hicieron la gran diferencia. En realidad, la votación del Apruebo fue más alta que la que obtuvo Gabriel Boric en segunda vuelta, pero acudieron a votar Rechazo más del total de quienes participaban ordinariamente en elecciones. En la primera vuelta presidencial tomaron parte unos 7 millones de votantes, en tanto que rechazaron la propuesta cerca de 7 millones 900 mil votantes. Estos análisis podrían haber convencido al oficialismo —especulan algunos— de que para ellos no es conveniente que participe toda la ciudadanía. Cabe esperar que, aunque sea en esta fase postrera, la campaña informativa se intensifique, para asegurar la mayor participación ciudadana de modo de tener una completa representación del país.