Hemos presenciado una tensión en salud que incluye el futuro de las isapres, una “ley corta”, un esfuerzo comunicacional sobre una novedosa fortaleza de Fonasa e improvisaciones para enfrentar la crisis del sistema de salud (completo) producto de los ajustes derivados por el dictamen de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que fuerza a las aseguradoras privadas a devolver los montos cobrados por sobre la tabla de factores de edad vigente. Los cálculos de estos montos han resultado contradictorios. Esta tensión ha contaminado incluso el proceso constituyente, dividiendo a los expertos y focalizándolos en el destino de la cotización obligatoria, al punto de amenazar con entregar un borrador en blanco.

El Ejecutivo, por su parte, ha ido tomando conciencia del riesgo de la situación, sobre todo de la fragilidad de la red asistencial, que debe enfrentar un volumen de infecciones invernales significativo, sumado a un malestar ciudadano que por ahora permanece silente por el predominio que ha tomado la agenda de seguridad. El foco para la autoridad es garantizar, incluso con financiamiento adicional a través de Fonasa, las potenciales derivaciones de sus beneficiarios a prestadores privados.

El camino tomado por el Gobierno, que reflejaría una falta de acuerdo, es en realidad evidente. Recuerda el juego de “La Chiflota”, que es la carta que nadie quiere y por eso mismo, figurativamente, el cacho o carga que todos quieren eludir y que todos tratan de traspasar a otro. Se enviará entonces al Senado un proyecto de ley que tendrá como elementos el fortalecimiento de Fonasa, el otorgamiento de facultades a la superintendencia para cumplir el fallo de la Corte Suprema (que ya las tiene) y el traspaso a las propias isapres de la responsabilidad del cálculo de los montos y la forma de devolución a los cotizantes. Se asumirá que con el envío de este proyecto se dará por cumplida la orden del máximo tribunal, por cuanto se habría respondido a lo solicitado durante el período otorgado por los magistrados, que vence el 31 de mayo. Y así, efectivamente, no sería necesario solicitar una prórroga, por cuanto la superintendencia habría cumplido.

La superintendencia rechazará los cálculos de las isapres y el horizonte otra vez es el de un conflicto judicial, que en un déjà vu tratará de resolver como pueda la falta de legislación.

Prolongar la incertidumbre, ya que el progreso de la “ley corta” y su plazo es impredecible, tiene graves efectos adversos. Se demorarán proyectos como la creación de un Plan Garantizado de Salud, un seguro catastrófico para los beneficiarios de Fonasa, el de solidaridad y término de las preexistencias en las isapres y la Ley de Fármacos II. Asimismo, la imprescindible reforma al sistema de salud chileno se deslizará de la agenda y será responsabilidad del próximo gobierno.

En este escenario, los traspasos de afiliados desde Fonasa a isapres o entre isapres será cada vez más difícil, y las personas que tienen una enfermedad crónica de alto costo seguirán temerosas, si es que reciben cuidados en un centro privado, fueran beneficiarios de cualquiera de los dos seguros.

Los seguros complementarios de salud tendrán extrema cautela a la hora de definir beneficios y primas, ya que sus obligaciones futuras no serán claras y es plausible que el costo que pagan empleadores y empleados por estos productos se encarezca.

No avanzar en la legislación que requiere el sistema tiene una sola víctima: los enfermos, y hay que recordar, “los enfermos también marchan”.

Jaime Mañalich