A la crisis de la salud estatal, cuyos efectos se reflejan en la tragedia de las listas de espera y sus fatales consecuencias, se suma la emergencia financiera que vive el sistema privado de salud, que podría arrastrar a los prestadores de salud privados sumando, a la crisis financiera, un colapso sanitario.

Las discrepancias al interior del Gobierno han postergado la presentación de una ley corta que solucione el problema con sentido de urgencia. De ello depende la salud de millones de chilenos. Un eventual colapso del sistema de isapres tendrá efectos negativos para sus usuarios, pero también para aquellos de Fonasa, quienes verán aumentar las listas y los tiempos de espera y tendrán menos alternativas en la libre elección, por el impacto de la crisis en los prestadores privados y sus trabajadores. Además, quienes se traspasen a Fonasa y requieran continuidad de atención GES o catastrófica, solo pueden usar los hospitales estatales para mantener sus garantías.

Es inentendible que a cinco meses del fallo de la Corte Suprema la discusión continúe en base a supuestos y lineamientos generales. Como Chile Vamos valoramos la idea presentada por la ministra Aguilera, de crear un grupo técnico que determine los montos y formas de pago para implementarlo, propuesta que va en la línea correcta, pero se requiere un plan más integral para terminar con la actual incertidumbre y mejorar la calidad de la atención de salud que reciben los chilenos.

De nada servirá esta iniciativa si no se adoptan las medidas de mediano y largo plazo que se hagan cargo de las falencias que gatillaron esta crisis, por lo que consideramos indispensable avanzar en un marco regulatorio que genere un sistema que garantice una salud oportuna, equitativa y de calidad para todos.

Para ello se necesita, en primer lugar, generar una normativa que termine con la judicialización, lo que incluye una institucionalidad apropiada para establecer el reajuste de precios de los planes de salud, apuntando a contener gastos y a mejorar la calidad de la atención.

Luego, se requiere una reforma que garantice el derecho a la salud. Esta reforma lleva muchos años esperando y, si bien ha habido iniciativas en el Congreso, el actual oficialismo ha bloqueado su avance sistemáticamente.

Esta debe asegurar: i) un plan de salud universal obligatorio y comparable; ii) libre afiliación de las personas a la aseguradora elegida por ellas, promoviendo la innovación, calidad y reducción de costos, sin que nadie pueda ser rechazado; iii) igualdad de condiciones de participación para todas las aseguradoras y prestadores (públicos y privados); iv) un marco regulatorio que incentive la calidad y el buen uso de los recursos.

Este plan se financiará principalmente con cotizaciones salariales y subsidios estatales para las personas que lo necesiten. Para evitar discriminaciones de cualquier tipo existirá un fondo de compensación que redistribuirá recursos según el riesgo de cada persona (similar a lo que se hace hoy con las GES). La administración del fondo contará con una institucionalidad autónoma y se aplicará con la gradualidad necesaria para incorporar a todos los afiliados, independientemente del asegurador que elijan.

Los beneficios de este plan serán los mismos para todos y contarán con garantías de atención oportuna: esto permite avanzar sustancialmente en equidad. Dichos beneficios serán definidos por una institucionalidad de alto nivel técnico, la que realizará la evaluación de sus beneficios y costos.

Para que todos tengamos la posibilidad de elegir y para que el plan funcione correctamente, es necesario que Fonasa cumpla con su misión de entregar un servicio oportuno y de calidad. Ello implica modificar su institucionalidad, gobierno corporativo y atribuciones. Lo mismo debe ocurrir con los hospitales estatales, cuya institucionalidad no está diseñada para priorizar la atención de los pacientes.

Creemos que una buena salud física y mental es condición necesaria para que las personas puedan desarrollar plena y libremente sus planes de vida. Por esto, se busca orientar y contribuir a la solución de la actual crisis y a la definición del marco de acción que debiera tener el sistema a largo plazo: un rol regulador y fiscalizador del Estado sobre todo el sistema de salud; personas libres de elegir quién administra los recursos de su plan de salud con independencia de su capacidad económica, preexistencias, sexo y edad, y un marco regulatorio que fomente la calidad de la salud de los chilenos.

Francisco Chahuán
Senador RN

Felipe Kast
Senador Evópoli

Javier Macaya
Senador UDI