Señor Director:

Cuando se enfrentan decisiones de cualquier tipo, es fundamental realizar un análisis de costo-beneficio. En el caso de la propuesta gubernamental sobre el litio, el costo político es considerablemente elevado y, a su vez, ofrece un beneficio mínimo para la población chilena, toda vez que el Estado no ha demostrado ser el actor más eficiente en el ámbito empresarial.

De hecho, el sistema actual de arriendo, si se expandiera a otros operadores, permitiría generar más del triple de ingresos que el esquema propuesto por el Gobierno, y todo ello sin requerir inversión de fondos públicos ni asumir riesgos adicionales. En este contexto, no hay dónde perderse sobre cuál alternativa es más conveniente.

Felipe Irarrázaval O.
Consejero Sofofa