Señor Director:

Lleno de ilusión y entusiasmo, el Presidente anunció una estrategia para el litio. En una primera mirada surgen muchas preguntas que el Gobierno debe responder:

1. ¿Tiene estudios que muestren que el Estado recibirá más ingresos forzando empresas mayoritariamente estatales para la explotación que los que recibiría bajo la modalidad actual de contratos? ¿Y en cuánto tiempo? Ojo, el Estado, en 2022, se llevó 60% de la venta de litio sin invertir un peso.

2. El Presidente ha hablado de industrialización y fabricación de baterías. ¿Qué estudio demuestra que es rentable hacerlas en Chile o industrializarse? ¿Por qué ninguna empresa internacional ha querido fabricarlas acá? ¿No será que esos productos con “valor agregado” son un mero espejismo, no son negocio?

3. ¿Qué tipo de privados querrán poner el capital para que lo administre el Estado?

4. El Estado tendría el 51% de muchas empresas de litio al mismo tiempo. ¿Hará sentido a los privados asociarse con el mismo Estado que competirá por los compradores de litio con sus otras empresas?

5. ¿Cuánto dinero indispensable para, por ejemplo, aumentar la PGU, planea el Gobierno destinar a comprar la participación mayoritaria de las dos empresas que ya extraen litio? ¿Será negocio esa compra? ¿Cuánto atrasará las inversiones esta negociación?

Hasta hora, los anuncios se ven más centrados en la estatización de la producción que en el desarrollo y la maximización de los ingresos fiscales. Esperemos que el Gobierno demuestre lo contrario.

Bernardo Fontaine
Académico Facultad de Economía U. San Sebastián