El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha planteado correctamente al Presidente Joe Biden levantar las sanciones que Estados Unidos aplica a Venezuela mientras Nicolás Maduro no avance en la democratización de ese país.

Las sanciones económicas terminan siendo contraproducentes, no cumplen con los efectos democratizadores deseados. Por el contrario, generan más pérdidas de libertades, perjudican a inocentes, especialmente a los más pobres, y permiten a los dirigentes del régimen de Maduro consolidarse en el poder y enriquecerse, administrando embargos que no les afectan.

Las sanciones producen cohesión social en el país castigado. Es lógica la reacción popular contraria a la agresión extranjera, permitiendo de paso imponer medidas represivas para aferrarse al poder sine die, indefinidamente. Pocos países toleran la injerencia extranjera indebida en sus asuntos internos, principio fundamental del derecho internacional.

Sesenta y tres años llevan los embargos de Estados Unidos a Cuba sin lograr un cambio de régimen. A pesar de las sanciones, Fidel Castro gobernó durante medio siglo; su hermano Raúl, por una década y sigue siendo influyente.

Esta semana, Miguel Díaz-Canel fue reelecto Presidente de Cuba, por otros cinco años. Mientras tanto, el embargo contribuye a la pobreza, desabastecimiento y encarecimiento de productos esenciales para la gran mayoría de la población, agudizando la migración de millones a otros países.

Distinto es el caso de sanciones aplicadas a gobiernos que apoyan el terrorismo o, como ocurrió durante la alianza cubana con la Unión Soviética, para establecer bases de misiles a menos de 80 millas de Estados Unidos, poniendo en riesgo su seguridad, contraviniendo tratados internacionales sobre no proliferación nuclear, como es el caso de Irán y Corea del Norte. Estas dos situaciones han motivado sanciones legítimas aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También hay un problema de eficacia, como se observa en los embargos a Rusia, que ha logrado sortearlos recurriendo a mercados alternativos, con el apoyo de regímenes autocráticos afines.

A Chile y al continente les interesa que se ponga fin a las sanciones norteamericanas a Venezuela y Cuba; se favorecería el legítimo bienestar de esos pueblos, facilitaría la recuperación de sus democracias y libertades, reduciría la migración y el ingreso clandestino de migrantes, estimado en 130 mil: 80% de venezolanos, 10% de colombianos y 4% de cubanos.

Petro, en esto, tiene razón. Chile y los demás países latinoamericanos seguramente lo apoyarán en su cometido de levantar las sanciones partiendo por Venezuela. Ningún gobierno chileno ha apoyado sanciones similares de Estados Unidos, incluidas las aplicadas a Cuba.