El Presidente Boric habló de colaboración público-privada en Enade el jueves en la mañana y en la noche reveló su particular concepción de ella, al presentar la estrategia nacional del litio. La resumo de la siguiente forma: Estado como protagonista y privados como vagones de cola.

Para el Gobierno, aquellos proyectos que son estratégicos deben ser desarrollados con participación mayoritaria de empresas estatales. Los privados solo proveen insumos —capital, tecnología y redes—, a cambio de una participación minoritaria. Pueden explorar nuevos salares en forma independiente con la esperanza, no la certeza, de conseguir una posición minoritaria con el Estado en su futura explotación. El oficialismo parece no compartir que el valor que aporta la empresa privada pasa por su capacidad para identificar, gestionar y mitigar los riesgos propios de emprender, lo que requiere tanto de una gestión autónoma y ágil como de la posibilidad de capturar parte del valor si es que este se produce. Con una participación minoritaria, no es posible lograr lo primero y solo tímidamente lo segundo.

Bajo esta mirada, solo cuando la participación del Estado es mayoritaria se puede considerar que el litio es de Chile. No lo sería, en cambio, cuando se explota bajo las modalidades de contratos de operación o derechamente de concesiones a empresas privadas, las figuras que prevalecen en todos los otros minerales y en muchas otras industrias, así como en los otros distritos litíferos del mundo. En esos casos, bajo la mirada oficialista, pareciera que el valor del litio permanece en la bóveda de la empresa que lo desarrolla.

Soslaya el Gobierno que los ingresos para el fisco generados en 2022 por las dos empresas privadas que hoy operan en el Salar de Atacama superaron los cinco mil millones de dólares, casi el doble de lo que generó Codelco ese mismo año. Parece no ser el caso que el cobre de Codelco, por ser estatal, es más chileno que el litio que producen SQM y Albemarle.

Espero equivocarme y que bajo la conducción y visión estratégica de Codelco y Enami, y luego de la Empresa Nacional del Litio, Chile logre desarrollar este insumo fundamental para la transformación energética global, en las cantidades y oportunidad que el mundo demanda. Que atraigan a las mejores empresas del mundo como socios minoritarios, y no solo a aquellas cuya principal fortaleza es su capacidad para navegar y extraer rentas de la mano del Estado. Y que, finalmente, ojalá sepan adaptar sus planes a los cambios tecnológicos y en el mercado de este mineral, que son usuales e intensos. Un ejemplo: el precio spot del carbonato de litio pasó en pocos años de US$ 5 a US$ 85 por kilogramo, y en cosa de meses se desplomó a US$ 27.

Sin embargo, los antecedentes de nuestro Estado emprendedor —concepto que promueve la gurú del Frente Amplio Mariana Mazzucato— no han sido muy promisorios en lo referido al litio. Codelco explora en el salar de Maricunga hace ya siete años y cuenta con permisos desde hace cinco, pero está lejos de extraer la primera tonelada, porque enfrenta otras prioridades: proyectos estructurales para mantener y ojalá aumentar la producción de cobre.

Jaime Pérez de Arce, cuatro veces presidente ejecutivo de Enami, ya en 2016 nos decía que Enami estaba en avanzadas conversaciones para explotar el litio, pero tampoco ha sacado un kilo. Y en otros ámbitos, recordemos que Enap hizo un joint venture con la empresa Australiana Origin para desarrollar proyectos energéticos. ¿El resultado? No levantó ni un solo MW y su socio privado emprendió rumbo a su país de origen.

De lo que sí estoy seguro es que el camino más cierto para lograr los objetivos que el Presidente delegó a empresas estatales, es aquel que brilló por su ausencia en el anuncio. Me refiero a entregar, a través de procesos competitivos y abiertos, contratos de operación o derechamente concesiones a las mejores empresas —privadas o estatales compitiendo en igualdad de condiciones— para que exploren y luego exploten el mineral, con royalty, las mejores tecnologías y elevados estándares medioambientales. Mientras en todos los ámbitos la coalición del Presidente quiere borrar todo aquello que tiene su origen en la dictadura, convenientemente deja escrito en piedra el decreto del año 1979 que declara inconcesible el litio. La nueva Constitución es una oportunidad para terminar con ese cerrojo anacrónico que solo aplica al litio y otros dos minerales más.

Lamentablemente, prevaleció en la estrategia anunciada la mirada del PC, que hace pocos días exigía que de haber participación privada, debía ser como minoritaria de empresas estatales. Peor aún: una vez más, las acciones del Gobierno contradicen las palabras del Presidente.

Bernardo Larraín Pivotes