Hace unas semanas la Comisión Experta que redacta el anteproyecto de Constitución aprobaba, por unanimidad, las primeras propuestas de normas. Tanto la unanimidad como el hecho de que estas propuestas cubrían todos los capítulos de la futura Carta Magna hacían pensar que la Comisión solo tenía pendiente resolver algunos nudos en los que todavía no se llegaba a consensos.

El lunes de esta semana los comisionados presentaron —de acuerdo con la información del sitio oficial del proceso constitucional— más de 900 enmiendas a las normas aprobadas en general. Más que el número, sin embargo, lo que llama la atención es el contenido de las propuestas, muchas de las cuales eliminan o modifican aspectos sustanciales de las propuestas originalmente acordadas. Varias también se asemejan a normas de la propuesta constitucional rechazada en el plebiscito de septiembre.

Con esto queda de manifiesto que la unanimidad de finales de marzo fue producto de negociaciones y concesiones más que de un consenso real en los temas acordados. De ahí surge la interrogante, ¿se van a lograr los catorce votos necesarios para aprobar los artículos en particular? En este escenario, es posible que los dos sectores políticos en que se ha dividido la Comisión Experta identifiquen algunas enmiendas como intransables. Ello llevará a su vez a que ciertas materias no alcancen los necesarios tres quintos, quedando fuera de la propuesta constitucional.

Dichos vacíos podrían eventualmente ser abordados por el Consejo Constitucional que elegiremos en mayo. Por eso, el rechazo a una indicación específica en esta etapa del proceso no me parece determinante para la interpretación definitiva del texto constitucional. Sin embargo, tampoco es seguro que en el Consejo electo se logren los quorum necesarios. La otra opción que surge, entonces, es desconstitucionalizar las materias que no generen consenso, dejándole al Congreso la facultad de regularlas. Sin bien esto es factible, e incluso recomendable en algunos temas, quiero dar ejemplos donde la falta de acuerdos que se percibe hoy en la Comisión Experta llevaría a lagunas insalvables en la nueva Constitución.

No puede dejarse al legislador toda la regulación de los estados de excepción constitucional. De no lograrse los tres quintos de votos requeridos, podría no quedar definido en el texto constitucional qué derechos son los que se pueden suspender en cada estado de excepción, lo que constituye un vacío gravísimo. La Constitución debe constituir un límite al legislador, el cual puede estar tentado a regular esta materia en base a la contingencia, restringiendo excesivamente los derechos y libertades.

Otro ejemplo es el artículo que establece que los preceptos legales que regulen, complementen o limiten los derechos y libertades no afecten los derechos en su esencia, norma que solo tiene sentido si está contenida en la Constitución. Su objetivo es proteger la dignidad humana y evitar que la regulación de los derechos a nivel legal quede a merced del mero balance o ponderación que el Congreso haga entre los distintos derechos y bienes jurídicos.

Estimo que también constituiría una omisión grave para la independencia judicial que la composición del órgano encargado del nombramiento de los jueces no quede determinada en la Constitución. Una definición tan delicada para la separación de poderes no debe dejarse en manos de leyes que serán aprobadas simplemente por la mayoría del Congreso de turno.

Esto me lleva a un último ejemplo, entre otros que se podrían traer a colación: evidentemente, una ley simple no puede encargarse de definir los quorum y procedimientos necesarios para modificar la Carta Fundamental.

Por todo lo anterior, estimo que los comisionados no solo deben identificar materias que consideran intransables, sino también qué temas tienen que estar necesariamente dentro de la Constitución y, respecto de ellos, volver a sentarse a conversar. No hay que redactar la Carta Fundamental pensando en que la coalición política de mi preferencia tendrá mayoría en el Congreso, sino más bien al revés: qué límites necesito si mi opositor llega a controlar el Parlamento para que se respete el Estado de Derecho. No confiemos en que todo vacío podrá subsanarse después.

La autora es profesora de Derecho Constitucional e investigadora de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes

Soledad Bertelsen