No obstante el consenso que existe acerca de los males que acarrea la alta fragmentación política, existen fuertes diferencias respecto del mejor remedio. Eduardo Alemán, en columna del miércoles, advierte sobre los riesgos que puede representar la prohibición de los pactos electorales. Luego de exponerlos vivamente y con buenos argumentos, termina su columna afirmando que el umbral mínimo de votos para obtener representación en el Parlamento es una opción claramente superior. Califica esta alternativa como la mejor, sin explicar sus virtudes ni hacerse cargo de ninguno de sus posibles efectos secundarios, como hace extensamente con la medida de prohibir los pactos electorales.

Advertir sobre los riesgos de uno de los mecanismos para evitar la fragmentación es muy valioso, pero no es el método para escoger. No basta con los beneficios de uno y los riesgos del otro. Solo acertaremos si somos capaces de hacer un análisis balanceado.

Las listas cerradas, esto es, donde el elector no vota por un candidato, sino por una lista que le ofrece un partido político o por un partido, que luego elige los parlamentarios, tienen, por sí mismas, poca capacidad de reducir la fragmentación. Eso dependerá más del sistema electoral con que se combine la lista cerrada. La medida presenta sí ventajas para instaurar la paridad y probablemente para la disciplina parlamentaria. Tiene una severa desventaja en materia de la libertad de elegir y en la legitimidad del Parlamento. Piénsese tan solo en la crítica que despierta ahora el hecho de que un partido reemplace a un parlamentario con entera libertad y multiplíquelo por todo o por una mitad de los parlamentarios.

El umbral, por su parte, descarta a los candidatos electos cuyos partidos no alcancen un determinado porcentaje de votación nacional. Se discute en torno al cuatro o cinco por ciento. Es un remedio muy eficaz contra la dispersión, pues los partidos chicos, si bien pueden subsistir, dejan de tener parlamentarios en el Congreso. Además, incentiva a los posibles candidatos a migrar desde los partidos chicos a los grandes. El principal problema que presenta es que candidatos con mucha votación local, incluso primeras mayorías, se perderían si pertenecen a partidos que no alcancen el umbral nacionalmente. Muy probablemente ello generará malestar entre los electores de esos candidatos y ellos mismos se transformarán en líderes antisistema. Para morigerarlo, algunos partidarios de este mecanismo se muestran dispuestos a integrar al Congreso a candidatos con un cierto alto umbral de votación, aunque sus partidos no alcancen el porcentaje nacional. Este remedio cede a un cierto nivel de dispersión —los candidatos con alta votación— e igual deja afuera a otros. Así, morigera los daños, pero también el logro de los objetivos.

Prohibición de pactos electorales. Con este mecanismo, cada partido obtiene escaños conforme a su propia fuerza. Fue un sistema que probó ser eficaz en una etapa de la historia de Chile (1961-1973) para evitar la dispersión electoral, aunque algunos sostienen que en ello incidieron otros factores. De las tres medidas mencionadas, es la única que no afecta la libertad de elegir ni daña la legitimidad parlamentaria. Algunos se oponen a ella con calculadora en mano. Más seria es la objeción de que podría dañar la conformación de coaliciones entre partidos, tan necesaria para la gobernabilidad. Se cuestiona Alemán —creo que con razón en abstracto— si partidos que compiten electoralmente pueden permanecer unidos en coaliciones. La Concertación fue una coalición exitosa, que permaneció unida y gobernó por 20 años. Es cierto que era también un pacto electoral, pero con el sistema binominal sus partidos competían entre ellos. En cada elección, el rival no estaba fuera sino dentro de la coalición.

Los pactos electorales son uno, pero no el único engrudo que sostiene una coalición. Un ideario común y el hecho de encontrarse en La Moneda es un poderoso pegamento.

Acertar con el mecanismo para terminar con la fragmentación sin dañar la representatividad democrática sea probablemente el mayor desafío para la nueva Constitución.

Jorge Correa Sutil
Abogado