Señor Director:

Agradecemos la nueva respuesta de Jorge Contesse y Pablo Contreras (ayer), aunque no podemos sino discrepar de su argumentación. Por un lado, sugieren que tanto la Comisión Experta como el Consejo Constitucional tendrían la obligación de copiar textualmente las bases del nuevo proceso. ¿Acaso estarán pensando en solicitar la convocatoria al Comité de Admisibilidad por no ver satisfechas sus singulares preferencias políticas? En ese caso, estaríamos frente a un curioso anhelo de democracia tutelada que invadiría a nuestros interlocutores. Afortunadamente, la Comisión Experta ha mostrado una comprensión más razonable de su propia labor, consagrando —como corresponde— la cláusula de Estado social y el resto de las bases, sin renunciar a perfeccionar la redacción de estas normas con vistas a armonizar los distintos bienes en juego. Como fuere, sobra decir que dichas bases no exigen que el anteproyecto que elaboran los expertos comience con ningún artículo en particular.

Por otro lado, los profesores Contesse y Contreras asumen que hablar de “república” (como hace el artículo 1° de la Constitución francesa) es exactamente lo mismo que hablar de “Estado”, y que ese numeral de la Carta gala justificaría su propia posición, olvidando que la noción de república es muy anterior a la noción de Estado. Además, no consideran que la Carta francesa abre con esa frase por un motivo elemental: en ese país, la discusión entre republicanos y monarquistas agitó la vida política durante casi dos siglos. Dado que en Chile —hasta donde llega nuestro conocimiento— las hordas monarquistas están neutralizadas, no es seguro que el ejemplo sea muy pertinente. Con todo, cabe decir que no es ahí, sino en la confusión entre lo público —lo que es de todos— y lo estatal donde reside la mayor desorientación de nuestra izquierda política e intelectual.

Claudio Alvarado
Instituto de Estudios de la Sociedad

Daniel Mansuy
Universidad de los Andes