Que Chile tiene necesidades sociales pendientes, no cabe duda. Urge garantizar el acceso a una mejor salud, educación y vivienda para todas las familias. Las pensiones también son un complejo desafío pendiente, aunque los últimos años hemos avanzado en mejorarlas para las personas más vulnerables, duplicando las pensiones solidarias y aumentando su cobertura al 90% de la población, gracias a la ya financiada Pensión Garantizada Universal.

Por eso, desde el mundo empresarial hemos manifestado nuestra disposición a continuar en un diálogo público-privado constructivo y responsable que nos permita lograr un pacto fiscal transversal que, junto con allegar los recursos que el fisco requiere, entregue certidumbre, confianza y estabilidad a los inversionistas y a la ciudadanía. Con este espíritu de colaboración, estamos participando en las mesas de diálogo tributario convocadas por el Gobierno, donde concurren expertos de la CPC y sus ramas junto a una serie de organizaciones diversas.

Un pacto fiscal implica consensuar en conjunto cuántos recursos adicionales requiere el presupuesto público, que este año supera los 80 mil millones de dólares. Luego, se debe explorar cuáles son los mejores mecanismos para levantar los recursos, ya sea aumentando la recaudación tributaria o haciendo más eficiente y focalizado el gasto público.

Debemos tener presente que cualquier reforma que se realice debe afectar lo menos posible el crecimiento económico y la inversión. Es más, las medidas que se tomen deben promover el ahorro que financia la inversión del país, que, a su vez, es la principal fuente de crecimiento en el mediano plazo, lo que genera empleo, progreso y bienestar social. Cuando se grava el stock de ahorro, inmediatamente se desincentiva la inversión. En consecuencia, el impuesto a las utilidades retenidas y el impuesto al patrimonio no debieran volver a estar en la mesa.

Además, es sabido que el crecimiento económico es la principal fuente de recaudación fiscal, pues al permitir más inversión, nuevos empleos formales, mejores remuneraciones y más utilidades, el fisco recibe más impuestos por parte de los contribuyentes. Así, por cada punto adicional de crecimiento económico, el Estado obtiene US$ 600 millones. Esto da clara cuenta de la importancia de priorizar el crecimiento, principal contribuyente para financiar las demandas sociales.

Pero pese a la evidencia, nuestro crecimiento está detenido y enfrentamos una pausa de proyectos de inversión de gran envergadura, afectados por la incertidumbre y los cambios regulatorios. En el último quinquenio, la tasa de inversión fue de 23,4% del PIB —a precios corrientes—, por debajo del 28% que mostraba hacia mediados de los años 90 cuando la economía mostraba un impulso mucho mayor.

Paradójicamente, las tendencias en el plano internacional son favorables para Chile en materia de inversión. El avance de la electromovilidad y la mayor demanda por litio, las metas de carbono neutralidad que se están incorporando en el mundo y la creciente automatización de procesos, le dan a nuestro país una oportunidad histórica de crecer, agregando una nueva etapa de desarrollo a industrias que ya han demostrado ser competitivas a nivel internacional.

En el caso del litio, por ejemplo, su precio tuvo una fuerte escalada, multiplicándose por 10 entre fines de 2020 y 2022. Pero hemos ido perdiendo el liderazgo en la producción de este mineral. Por ello, cuesta entender por qué el Gobierno sigue postergando el anuncio de la política nacional del litio, que esperamos permita concretar muchas oportunidades de negocio de la mano del sector privado.

Por otra parte, debiéramos hacer crecer la base imponible, y en esto es clave reducir la informalidad. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Santiago, se estima que alrededor del 40% de la actividad productiva en nuestro país no paga los impuestos que le corresponden y, a nivel laboral, cerca del 28% de los ocupados reconoce trabajar de manera informal. Esto merma considerablemente la recaudación fiscal, que solo por efecto de reducir la evasión del IVA del 19% a un 12% (similar a países OCDE) aumentaría anualmente en unos US$ 2.000 millones.

En definitiva, el pacto fiscal que buscamos tiene que incorporar con fuerza medidas más efectivas que solo aumentar los impuestos. Chile es el único país en Latinoamérica que probablemente decrecerá este año y la actividad productiva enfrenta, además de la propuesta tributaria, los desafíos de la reforma de pensiones y la rebaja en la jornada laboral, lo que nos exige analizar muy cuidadosamente el impacto de lo que se proponga.

Las políticas de fomento al crecimiento son la mejor forma de impulsar el progreso social y económico del país, y el camino más eficiente y sostenible para incrementar los ingresos fiscales en el largo plazo.

Ricardo Mewes
Presidente CPC

Susana Jiménez
Vicepresidenta CPC