La Comisión Experta acordó sumar en la propuesta de nueva Constitución una norma que establece que si un partido político no alcanza un 5% de la votación total, no podrá acceder a la distribución de escaños en el Congreso. Se trata de un cambio no exento de elementos controvertidos —abre la posibilidad de que queden fuera del Poder Legislativo candidatos con altas votaciones personales—, pero constituye un esfuerzo relevante por corregir la extrema fragmentación que hoy aqueja a nuestro sistema político.

Se ha discutido la conveniencia de abordar materias propias del sistema electoral en el texto constitucional, pero no se trata aquí de entrar en los detalles, sino de establecer algunos principios generales para su buen funcionamiento. Por lo demás, considerando el carácter incumbente de los parlamentarios, parece difícil que esta discusión pudiera desarrollarse en el Congreso sin que interfieran cálculos y consideraciones de otra índole. Respecto específicamente de la existencia de umbrales, se trata de un requisito vigente en muchos países, instituido precisamente para evitar una excesiva atomización de la política.

Podría pensarse que la mejor realización del ideal democrático pasa por la más perfecta representación, donde incluso aquel conglomerado que saque el 1% de la votación acceda al 1% de los escaños. Pero aparte de su difícil concreción, la experiencia muestra que una apuesta desequilibrada en esa línea dificulta la conformación de mayorías que aseguren gobernabilidad y otorga a grupos minoritarios un poder muy superior a su efectiva representatividad, al ser ellos quienes terminan inclinando las correlaciones de fuerzas. Desde que se terminó el sistema binominal, Chile ha avanzado a un escenario así, en el que conviven más de 20 partidos en el Congreso, dificultando la construcción de acuerdos y transformando a menudo el proceso legislativo en una suerte de “pirquineo” para lograr sacar adelante proyectos. Ello no es sostenible ni positivo para la democracia.

De haber regido lo propuesto por la Comisión Experta, al menos un tercio de los actuales congresistas no habrían podido acceder al cargo, dado que sus tiendas no superaron ese umbral en la parlamentaria de 2021 (solo seis partidos lo consiguieron). Así, una norma como esta debiera incentivar la convergencia de fuerzas afines para conformar colectividades de mayor potencia electoral. En la misma línea, buscando fortalecer a los partidos que logren superar el umbral, la propuesta también contempla normas que sancionan con la pérdida del escaño a quienes renuncien a sus colectividades, de modo de desincentivar las conductas díscolas o el llamado “camisetazo”. Se trata de una disposición no infrecuente en el mundo.

Mucho más discutibles resultan, en cambio, las propuestas para consagrar a nivel constitucional las órdenes de partido y para que la expulsión de una colectividad signifique también la pérdida del escaño. Disposiciones de ese tipo no parecen coherentes con el modelo de listas abiertas que tradicionalmente ha caracterizado a Chile y donde los electores votan por la persona del candidato, y pueden terminar afectando la percepción de legitimidad del sistema. En efecto, la posibilidad de que el sector que ha logrado hacerse con el control de un partido pueda impulsar una “purga” contra los disidentes se exacerba con normas como esta, aun con los resguardos que considera la propuesta. Pero además, desde el punto de vista del elector, puede ser difícil entender que los órganos internos de una colectividad, usualmente electos en procesos de exigua participación, puedan pesar más que la votación de decenas o incluso cientos de miles de personas.

Tales objeciones, como otras formuladas por especialistas, deben ser consideradas en las siguientes fases de discusión. Con todo, no cabe sino valorar el espíritu que ha marcado hasta ahora el trabajo de la Comisión Experta, auspicioso no solo por el nivel de consenso alcanzado, sino porque busca resolver problemas reales de nuestro sistema político, contrastando fuertemente con los excesos de muchas de las propuestas del fracasado proyecto de la Convención.